Juez de San Miguel ordena prisión preventiva por 9 meses a acusado de feminicidio.
Nota de prensa
31 de enero de 2024 - 9:33 a. m.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Miguel, bajo la dirección del Juez José Enrique Correa Díaz, ha emitido una orden de nueve meses de prisión preventiva contra Gian Carlos Aliaga Ramos (27 años). Esta medida se lleva a cabo en el marco de la investigación por el presunto delito de feminicidio tipo base en agravio de Elizabeth Vásquez Pérez (27 años).
La Fiscalía de la provincia de San Miguel, solicito prisión preventiva, que se ejecutará mientras el proceso judicial avanza hasta obtener una condena definitiva contra Aliaga Ramos. El Juez Correa Díaz subrayó que, dada la naturaleza del delito, el acusado podría enfrentar una pena que va desde los 20 hasta los 35 años de prisión privativa de libertad, ya que el Ministerio Público habría requerido la prisión preventiva por el delito de feminicidio en su tipo base.
Los hechos imputados a Aliaga Ramos incluyen la supuesta muerte de su conviviente, Elizabeth Vásquez Pérez, el pasado 29 de enero en el caserío La Alteza, perteneciente a la provincia de San Miguel.
La determinación del juez se fundamenta en elementos de convicción contundentes, tales como la necropsia, documentos oficiales y testimonios, todos los cuales señalan al acusado como autor del feminicidio de Elizabeth Vásquez. Además, el magistrado de San Miguel estableció que se cumple con el requisito del pronóstico de pena, tal como requirió el fiscal provincial penal de San Miguel.
El Ministerio Público presentó elementos de convicción graves y fundamentados, que sugieren que el acusado estaría vinculado con el delito de feminicidio en un contexto de acoso, hostigamiento y discriminación basada en su condición de mujer. Además, se señala la agravante de gran crueldad debido a las lesiones causadas y el hecho de haber abandonado a la víctima mientras se encontraba agonizando.
Este caso destaca por la contundencia de las pruebas presentadas y la respuesta firme de la autoridad judicial ante la gravedad de la situación.
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Cajamarca, 31 de enero de 2024