Contraloría identificó irregularidades en entrega de Buena Pro para tres colegios en Junín

Junín. - La Contraloría General de la República identificó que la Municipalidad Distrital de Perené, de la provincia de Chanchamayo en la región Junín, otorgó de manera irregular la Buena Pro a tres consorcios que se encargaron del mejoramiento de tres instituciones educativas de la localidad en el 2019, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 130 357 66.

Dentro de las irregularidades se encuentra que el comité de selección de la municipalidad distrital entregó la ejecución de las obras a consorcios que no cumplían con las bases de la adjudicación, además estaban representados por una misma persona quien presentó el mismo plantel profesional para la ejecución de las tres obras de mejoramiento. Además, los tres consorcios estaban integrados por las mismas empresas.

El Informe de Control Específico N.º 026-2023-2-0417-SCE evidencia que para la “Renovación de aula, renovación de patio de mantenimiento, adquisición de equipamiento de taller en las instituciones educativas de nivel primaria y secundaria de la Comunidad Nativa de Pucharini”, el comité de selección de la municipalidad entregó la Buena Pro al Consorcio Pucharini pese a que este presentó una oferta económica de costo directo que difería con el costo desagregado de los componentes de la obra.

Según las bases de adjudicación, el requisito antes mencionado era insubsanable por lo que el consorcio debió ser descalificado, más aún cuando otro postor sí fue retirado del proceso por el mismo inconveniente.

De igual forma, el comité seleccionador entregó la “Renovación de aula, adquisición de mobiliario de aula en la institución educativa inicial N.º 2132 de la localidad de Santa Rosa de Ubirike”, al consorcio Ubirike y la “Renovación de aula y baño o servicios sanitarios, adquisición de mobiliario de aula en la institución educativa de nivel inicial Shintoriato” al consorcio Shintoriato. Ambos tampoco no cumplían con lo exigido en las bases.

La comisión auditora evidenció que el mejoramiento de las instituciones educativas iba a ser ejecutado en forma paralela, lo que imposibilitaba el trabajo de un mismo profesional en las tres obras. Sin embargo, los tres consorcios tenían a una misma persona como especialista en estructuras, especialista en arquitectura, especialista en seguridad y especialista en instalaciones eléctricas. Todos los profesionales negaron haber laborado en las obras e inclusive los residentes de obras sostuvieron que nunca participaron de la ejecución de los mejoramientos.

Aun con estas irregularidades, la municipalidad suscribió los contratos con los tres consorcios ejecutores. Situación que deviene en una nueva irregularidad pues ninguno de los consorcios cumplió con entregar el calendario de uso de equipos en caso que la naturaleza lo requiera (protección) y tampoco la memoria en la que se detalle las consideraciones que tomaron en cuenta para elaboración de documentos estipulados en las bases de adjudicación.

Tras las indagaciones del personal auditor, se comprobó la responsabilidad penal y administrativa en 10 personas, en las que están incluidos funcionarios, miembros del comité de selección, supervisores de obra y el representante de los consorcios ejecutores.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios, a través del Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria.

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