Pronunciamiento CNE: Por una mayor calidad de la educación universitaria

Nota Informativa

3 de diciembre de 2016 - 8:40 a. m.

Ante el inminente debate en el Congreso de la República sobre el Proyecto de Ley N° 00469/2016 – CR que tiene por finalidad modificar varios artículos de la Ley N° 30220, el Consejo Nacional de Educación manifiesta a la opinión pública nacional lo siguiente:

1. Hace dos años, se promulgó la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que busca entre otros de sus propósitos exigir que el Estado asuma su responsabilidad como garante del derecho a la educación de calidad, para lo cual creó una instancia de supervisión (SUNEDU) anteriormente inexistente.

2. Desde el período en el que se gestaba esta Ley, diversas voces expresaron su oposición a la misma y desarrollaron denodados esfuerzos por impedir que se ponga en práctica. El Tribunal Constitucional ha resuelto claramente que la Ley N° 30220, y sus esquemas de supervisión, son coherentes con el orden constitucional que garantiza la autonomía universitaria. Al hacerlo, ha subrayado además, la necesidad de que el Estado peruano ejerza un rol rector y supervisor en la educación universitaria, por ser su deber garantizar la calidad de la educación también en esta etapa del sistema educativo nacional.

3. El aludido Proyecto de Ley altera la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU para que esté integrado por personas designadas por los rectores; es decir, busca que el ente supervisor sea gobernado por los supervisados. Esta propuesta nos  retrotrae a un pasado que, en nombre de una supuesta autonomía, en ocasiones favoreció la impunidad para preservar intereses particulares o corporativos a costa de ejercer el derecho a una educación de calidad.

4. La Ley Universitaria seguramente requiere de ajustes y modificaciones a la luz de la experiencia de su implementación. Toda norma legal puede ser perfeccionada, después de un debate informado y reflexivo sobre su implementación, que identifique la necesidad de introducir ciertos cambios que, estando por encima de intereses individuales o corporativos, tiendan a propiciar la concreción del derecho, en este caso,  a una educación superior de calidad.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Nacional de Educación invoca al Congreso de la República, y a los distintos actores, a iniciar un proceso de diálogo, sin imposiciones de ninguna naturaleza, acerca de posibles modificaciones y ajustes que sean necesarios, pero que preserven el principio básico de contar con una supervisión, independiente de los propios supervisados y de cualquier otro interés particular, dentro del respeto de la autonomía universitaria.