Mesas técnicas de la Sunarp impulsan saneamiento territorial y protección ambiental en la Amazonía

Lima. En un esfuerzo continuo por descentralizar sus servicios y garantizar los derechos de las poblaciones amazónicas, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) viene consolidando el uso de sus mesas técnicas como la herramienta principal para destrabar procesos complejos de formalización de predios y conservación ambiental en el oriente peruano.

Este espacio de articulación, que reúne a los equipos técnico-registrales de la Sunarp con gobiernos regionales y locales, ha demostrado ser el mecanismo más eficiente para superar cuellos de botella administrativos y estandarizar requerimientos legales de alta complejidad.

A través de la Oficina Registral de Tarapoto, el trabajo conjunto con la Autoridad Regional Ambiental (ARA) del Gobierno Regional de San Martín dio como resultado la inscripción formal de la rectificación, parcelación e independización de la Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE) "Laguna Cocha Paichiu, Atuncocha, Papacocha - Cuenca Yurac".

Este logro legal asegura un perímetro protegido de más de 420 kilómetros, resguardando de forma directa a más de 10,000 pobladores locales y dotando al Estado de las herramientas jurídicas necesarias para ejecutar intervenciones directas de reforestación frente a amenazas como la minería ilegal y la deforestación.

La independización del predio rectificado contempló la división del territorio en cinco sublotes específicos: Laguna Cocha Paichiu con 660.2530 hectáreas, Cuenca Yurac 1 con 10,807.54 hectáreas, Cuenca Yurac 2 con 407.0960 hectáreas, Cuenca Yurac 3 con 1,722.9125 hectáreas y una amplia área remanente de 37,830.7358 hectáreas.

Esta precisa delimitación topográfica colinda directamente con los dominios de la Comunidad Nativa Santa Sofía, abarcando de forma integral los distritos de Papaplaya, El Porvenir, Chipurana y Huimbayoc en la provincia de San Martín.

Para las familias que habitan en la cuenca del Yurac, este reconocimiento va más allá de un simple trámite de oficina, ya que resguarda jurídicamente su despensa natural, sus humedales y el hábitat de múltiples especies emblemáticas. La formalización registral actúa ahora como una garantía real para que las futuras generaciones de las comunidades nativas locales sigan pescando en aguas limpias y viviendo en un entorno libre de degradación ambiental.

Por otro lado, la estrategia de mesas técnicas replicada en Ucayali —en estrecha coordinación con la Dirección Regional de Agricultura (DRAU)— hizo posible la inscripción registral de 24 territorios comunales en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.

La incorporación de información georreferenciada en el Registro de Predios ampara formalmente la propiedad ancestral de los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka, Ashéninka y Kakataibo. Esta medida previene de manera efectiva conflictos territoriales como invasiones y tráfico de tierras, abriendo las puertas al desarrollo de programas sostenibles en la región.

Las acciones de saneamiento físico-legal y georreferenciación desplegadas en las mesas de orientación beneficiaron directamente a familias originarias de los distritos de Iparia, Tahuanía, Masisea, Irazola, Callería y Padre Abad, alcanzando a una población estimada de más de 10 000 integrantes de familias de pueblos indígenas originarios de la región.

Entre las comunidades que ya cuentan con sus derechos respaldados frente a terceros destacan Vista Alegre de Boca del Pachitea, Santa Rosa de Runuya, Sharara, Nueva Esperanza de Tabacoa, Curiaca, Santa Martha, Utucuro, Yamino y Puerto Nuevo.

Con esta titulación e inscripción formal, la Sunarp no solo fortalece la gobernanza interna de los pueblos nativos, sino que además establece un marco legal crucial para la conservación de sus bosques y fuentes de agua. Asimismo, contar con un territorio formalizado ante el Estado facilita la articulación de estas comunidades con proyectos de inversión y programas de desarrollo ambiental de carácter nacional e internacional.

Con estas acciones integradas, la Sunarp reafirma que la seguridad jurídica sobre el territorio es el camino más eficaz para proteger la biodiversidad, mitigar los efectos del cambio climático y salvaguardar la herencia de las comunidades nativas del país.