Artículo: Autoconstrucción en el Perú: una tarea pendiente

El INEI acaba de lanzar los resultados del último Censo de Población y Vivienda (2025), el cual señala que en el Perú existen 13 millones 762 mil 606 viviendas; de las cuales, el 76,7% se encontraba en condición de ocupada, 11,7% desocupadas y el 11,6% son de uso ocasional. Además, la demanda anual asociada al crecimiento de hogares se estima en alrededor de 144.000 viviendas por año y el mercado formal genera solamente entre 42.000 a 49.000 viviendas nuevas anualmente.

Lima concentra la mayor cantidad de infraestructura habitacional, con fuertes contrastes entre las zonas más consolidadas y la desordenada expansión urbana de las últimas décadas. Investigaciones recientes como las del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) revelan que el 93% de esta expansión se desarrolla de manera informal y que 7 de cada 10 viviendas en el área urbana nacional son autoconstruidas, evidenciando profundas ineficiencias económicas, altos sobrecostos para las familias vulnerables y un grave peligro estructural ante eventos sísmicos debido a la falta de asistencia técnica. Una familia limeña en este segmento vive en promedio 10 años en una casa precaria y tarda hasta 16 años en techar el primer piso con material noble. Obviamente, la gran mayoría inicia el acceso a vivienda invadiendo terrenos sin contar con servicios esenciales ante la dificultad del Estado de ofrecer suelo urbano en zonas donde existen sobrecostos para brindar servicios básicos. Entre el 2008 y 2020 se autoconstruyeron en Lima 570.000 viviendas con estas características.

El proceso de la autoconstrucción tiende a ser deficiente: 4 de cada 5 viviendas autoconstruidas no han cumplido con la normativa y las buenas prácticas constructivas. Queda claro que, ante un evento sísmico de gran magnitud en la ciudad de Lima, estas viviendas serían las primeras en colapsar. Un estudio realizado por CAPECO señala que de presentarse un terremoto de magnitud similar al de Pisco en el 2007 (7,9 grados en la escala de Richter), en Lima habrían 51.000 fallecidos y 200.000 viviendas colapsadas, siendo el segmento de la autoconstrucción el más afectado.

¿Dónde poner énfasis en este escenario en el cual el déficit cualitativo de vivienda duplica el déficit cuantitativo? Una política de vivienda en los próximos años debiera responder a la urgencia de la mejora de la vivienda, su entorno y los servicios públicos para los millones de hogares peruanos que viven en condiciones no óptimas respecto a su salud, seguridad y bienestar. Y ¿Cómo hacerlo? Priorizar el mejoramiento y reforzamiento estructural de viviendas, sin dejar de acompañar el crecimiento del sector en la construcción de viviendas nuevas y que crecientemente los nuevos recursos públicos se destinen a los hogares más vulnerables con la solución que realmente necesiten y donde lo requieran. Para ello, el instrumento más útil que posee el sector es el Bono de Reforzamiento Estructural (oficialmente llamado Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos), cual es un subsidio no reembolsable del Estado peruano para familias en pobreza que viven en zonas de alto riesgo sísmico. Su objetivo es reforzar un ambiente de la casa para crear una zona segura y cubre los gastos de materiales, mano de obra y supervisión técnica.

Para que éste sea un círculo virtuoso, se necesitan dos elementos adicionales: primero, contar con una masa crítica de especialistas (maestros de obra) acreditados por SENCICO y especializados en temas de reforzamiento de viviendas (diferente al de construcción de nuevas viviendas) y en segundo lugar, lograr que la “Constancia de reforzamiento de vivienda vulnerable” permita completar el saneamiento legal de las viviendas edificadas bajo autoconstrucción. De esta manera, se fortalecería el patrimonio familiar, volviéndolos sujetos de crédito ante el sistema financiero.