PRONACEJ fortaleció capacidades de profesionales de los centros juveniles y SOA sobre la ejecución y evaluación de medidas socioeducativas

La reinserción social no depende únicamente del cumplimiento de una medida socioeducativa, sino también de la capacidad de demostrar técnicamente los avances alcanzados por cada joven en conflicto con la ley penal. Bajo esa premisa, el PRONACEJ fortaleció las capacidades de más de 45 profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) y de los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA) de todo el país.

Los especialistas participaron en la charla virtual “Criterios para la ejecución, evaluación y variación de las medidas socioeducativas”, una jornada orientada a reforzar los conocimientos de quienes tienen la responsabilidad de acompañar, evaluar y documentar los procesos de cambio de los jóvenes en conflicto con la ley penal, contribuyendo a que las decisiones judiciales cuenten con un sustento técnico sólido.

Durante la primera exposición, la especialista en derecho de familia, niñez, adolescencia y criminología de la ONG Cometa, María Barletta, desarrolló el tema “El Plan de Tratamiento Individual como garantía de legalidad”. En su intervención destacó que una atención especializada debe responder a las necesidades criminógenas y a las circunstancias personales, familiares y sociales de cada joven, permitiendo una intervención más efectiva y orientada a resultados.

Posteriormente, la fiscal provincial de Familia de Villa María del Triunfo, Kelly Calderón, abordó el tema “Criterios para la evaluación y variación de las medidas socioeducativas”. La magistrada resaltó la importancia de los informes interdisciplinarios como herramientas fundamentales para evidenciar objetivamente la evolución de los menores y sustentar las decisiones vinculadas al cumplimiento de las medidas socioeducativas.

A través de la iniciativa de PRONACEJ, la capacitación permitió fortalecer criterios especializados para la ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas socioeducativas, promoviendo intervenciones más rigurosas y basadas en evidencia, en un contexto donde la rehabilitación y la reinserción social demandan respuestas cada vez más especializadas.