La Procuraduría Regional de La Libertad recupera un terreno destinado al Proyecto Quebradas San Ildefonso y San Carlos

Nota de prensa
La acción permitió liberar un predio estatal de más de 6400 metros cuadrados, necesario para la continuidad de las intervenciones de prevención ante huaicos e inundaciones en Trujillo.
Procuraduría Regional de La Libertad
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16 de junio de 2026 - 12:12 p. m.

La Procuraduría Pública Regional de La Libertad ejecutó la recuperación extrajudicial de un terreno de 6442.96 metros cuadrados, ubicado en el sector Rebaza, distrito de Moche, destinado a la ejecución del Proyecto Quebradas San Ildefonso y San Carlos.

La diligencia constituye la cuarta recuperación extrajudicial realizada por la procuraduría pública regional para contribuir con la liberación de los terrenos requeridos para la continuidad de este proyecto de infraestructura y prevención de desastres.

Como parte de sus funciones de defensa jurídica de los intereses del Estado, la procuraduría regional realizó las actuaciones legales correspondientes y coordinó la ejecución de la diligencia con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y la Policía Nacional del Perú.

El predio, perteneciente a la ANIN, se encontraba ocupado sin autorización hace varios años. Ante la falta de desocupación voluntaria y luego de agotarse las acciones previas, previstas en la normativa aplicable, se procedió con su recuperación extrajudicial, restituyendo el terreno a favor del Estado y poniéndolo a disposición del Proyecto Quebradas San Ildefonso y San Carlos. Esta acción beneficia —directamente— a la sociedad al permitir la continuidad de una obra orientada a reducir los riesgos de huaicos e inundaciones y proteger a la población de Trujillo frente a fenómenos naturales. El proyecto contempla la intervención de más de 17 kilómetros del río Moche mediante trabajos de descolmatación, ampliación del cauce y colocación de diques enrocados en ambas márgenes.

La Procuraduría General del Estado, a través de las procuradurías públicas que integran el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, impulsa acciones para la defensa y recuperación del patrimonio estatal, en coordinación con las entidades públicas competentes.