Procuraduría del Ministerio de Vivienda logra un resultado favorable en arbitraje sobre proyecto de agua y alcantarillado en Puente Piedra

Nota de prensa
La defensa jurídica del Estado logró que se rechacen los pedidos del Consorcio Aguas de Lima y que este asuma los gastos del proceso arbitral.
Nota de prensa

13 de mayo de 2026 - 12:30 p. m.

La Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento obtuvo un resultado favorable para el Estado en el arbitraje iniciado por el Consorcio Aguas de Lima contra el Programa Agua Segura para Lima y Callao. La controversia estuvo relacionada con el contrato para elaborar el expediente técnico del proyecto «Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387 y 388 del distrito de Puente Piedra», suscrito en setiembre de 2019 por un monto ascendente a S/2 593 694.38.

Gracias a la estrategia de defensa sostenida por la procuraduría pública, el tribunal arbitral declaró infundados los principales pedidos del consorcio, entre ellos el reconocimiento de una resolución contractual que la empresa afirmaba haber realizado y el pago de S/456 444.01 por valorizaciones e intereses.

Durante el proceso, la procuraduría pública defendió la posición del Programa Agua Segura para Lima y Callao frente a los reclamos económicos y contractuales formulados por el consorcio. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el tribunal arbitral concluyó que no correspondía reconocer la resolución contractual planteada por la empresa ni ordenar a la entidad el pago solicitado.

Asimismo, el tribunal arbitral dispuso que el Consorcio Aguas de Lima asuma la totalidad de los gastos del proceso arbitral, lo que refuerza el resultado favorable alcanzado por la defensa del Estado.

Este resultado representa un logro para la defensa jurídica del Estado, al evitar que se reconozcan pagos y obligaciones que no correspondían, contribuyendo así a la protección de los recursos públicos.

La Procuraduría General del Estado reafirma su compromiso de fortalecer la defensa jurídica del Estado, en coordinación con las procuradurías públicas, para cautelar los intereses del país y de la ciudadanía.