La Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda obtuvo un resultado favorable en el arbitraje con empresa contratista

La Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento obtuvo un resultado favorable para el Estado en el arbitraje iniciado por la empresa ARCONST S. A. C., vinculado al Contrato n.o 105-2023-VIVIENDA-OGA-UE.001.

En el proceso arbitral, la empresa solicitó que se deje sin efecto la decisión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que declaró improcedente una ampliación de plazo de 14 días calendario. Además, requirió el pago de S/62 355.41 por concepto de presuntos mayores gastos generales y costos directos asociados a dicha solicitud.

Tras evaluar el caso, el Tribunal Arbitral concluyó que no se acreditaron los presupuestos técnicos ni contractuales para justificar la ampliación de plazo solicitada y determinó que la ejecución de la obra no había sufrido una real afectación que justificara la ampliación de plazo contractual.

El pronunciamiento del Tribunal Arbitral reafirma un criterio clave en la contratación pública: «No basta la existencia de incidencias o retrasos parciales; es indispensable acreditar una afectación directa y comprobada a la ruta crítica para generar derechos económicos adicionales».

El Tribunal Arbitral también declaró fundada la reconvención formulada por la entidad, al determinar que la empresa contratista incumplió obligaciones contractuales, entre ellas la presentación de la Póliza CAR, exigida para la ejecución de la obra.

Asimismo, el laudo determinó que las comunicaciones —mediante las cuales el contratista pretendió apercibir y resolver el contrato— carecían de validez y eficacia jurídica, al no sustentarse en un incumplimiento atribuible a la entidad.

Como consecuencia del resultado del proceso, el Tribunal Arbitral dispuso que la empresa contratista asuma los gastos derivados del arbitraje. De esta manera se consolida un resultado favorable para el Estado, tanto en el fondo como en las consecuencias económicas del proceso.

Este resultado contribuye a la protección de los recursos públicos y refleja el compromiso de la Procuraduría General del Estado de fortalecer la defensa jurídica del Estado, mediante una actuación técnica, oportuna y orientada a salvaguardar los intereses públicos.