Janet Tello Gilardi sustenta presupuesto institucional 2027 con partida adicional para atender demandas prioritarias
Nota de prensaPresidenta del Poder Judicial remarca que juezas y jueces no trabajan jamás al servicio de intereses políticos.
29 de setiembre de 2026 - 2:56 p. m.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sustentó hoy ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la República el pedido presupuestal de la institución para el Ejercicio Fiscal 2027 con el fin de atender necesidades prioritarias destinadas a fortalecer la administración de justicia.
Tello Gilardi señaló que, en aplicación de la Ley N° 28821, el Poder Judicial consensuó su presupuesto con el Ejecutivo por S/ 4 mil 276 millones 514 mil, 920; no obstante, este no fue presentado de tal manera por el Ejecutivo al Congreso.
La autoridad judicial señaló que, mediante publicación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027, se asignó al Poder Judicial un monto menor en el que restó S/ 37 millones 362 mil 546, por lo que instó al Congreso emitir un marco normativo para reponer la diferencia durante la ejecución.
En tal sentido, propuso como demanda adicional un monto de S/ 5 mil 466 millones 075 mil 601, en tanto que para la Academia de la Magistratura (Amag), encargada de capacitar a juezas y jueces como fiscales, la cifra es de S/ 6 millones 552 mil, para reforzar el trabajo de esta entidad.
“Solicitamos que de manera progresiva se atienda todo el requerimiento porque permitirá cerrar brechas y asegurar los registros virtuales de los expedientes, su conservación, así como contar con personas competentes y preparadas en regímenes laborales homologados”, expresó.
Entre las brechas importantes pendientes para mejorar el desempeño de los procesos jurisdiccionales, la jueza consideró situaciones como la insuficiencia de magistrados titulares, que llega al 20%, la elevada y creciente carga procesal, que implica diversas estrategias para su reducción; entre otros.
También recalcó la necesidad de reforzar el servicio judicial en todo el territorio, en muchos casos en zonas de frontera, así como en zonas álgidas y de difícil acceso como Condorcanqui (Amazonas), y sus tres distritos de Nieva, Río Santiago y Yutupis.
“A ellos llegamos con justicia itinerante, ferias de difusión de conocimientos jurídicos, orientación sobre acceso a nuestros servicios, que se diferencian de la justicia de paz, justicia especial de comunidades campesinas, rondas y otras formas comunales”, afirmó.
Refirió que, para orientar la mejora en la conclusión de los procesos, la institución impulsa iniciativas como la aplicación de la oralidad en los procesos civiles y de familia, que constituyen iniciativas propias de estas especialidades.
“También buscamos mejorar la inserción de la Función de Integridad en la gestión jurisdiccional y administrativa, mejorar la calidad de las resoluciones, el acceso real a la justicia para las personas vulnerables que demandan nuestros servicios, aplicando el enfoque de interseccionalidad”, expresó.
SIN INTERESES POLÍTICOS
Tello Gilardi revaloró el trabajo que desempeñan un total de 3 mil 770 juezas y jueces comprometidos con su labor, así como su valentía y decisión en cada caso que les toca decidir, por lo que destacó la importancia que cuenten con el respeto de su independencia jurisdiccional.
“La independencia del Poder Judicial es la defensa de la judicatura, que siempre tiene que tener claro cuál es el norte, que no estamos jamás trabajando por intereses políticos; yo tengo cuarenta años trabajando en el Poder Judicial, y así muchos jueces”, dijo.
No obstante, recalcó que las críticas a la administración de justicia son aceptadas porque las decisiones judiciales no son infalibles y los jueces son seres humanos que pueden cometer errores también, por lo que se asume lo que corresponde cuando hay conductas al margen de la ley.
Frente a la inseguridad ciudadana, la titular del Poder Judicial apostó por la necesidad de fortalecer con mayor presupuesto y decisión política las unidades de flagrancia, que son 40 hasta setiembre, y el año pasado lograron un nivel de eficacia de 92.97%.
“Es muy importante que todos tengamos la misma mirada y los mismos objetivos, dado que el sistema de flagrancia es capaz de resolver cualquier caso que se descubra en el mismo momento de su comisión”, refirió.
En ese sentido, consideró que todas las directivas, protocolos y normas que implementen las instituciones que integran el Sistema Nacional de Flagrancia deben ir en la línea de la ampliación de la competencia de las unidades de flagrancia y no circunscribirlas solo para los delitos menores.
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
En otro momento, la jueza suprema dio cuenta de que la ejecución del presupuesto del Poder Judicial en el ejercicio 2025 fue la más alta luego de diez años, al alcanzar el 98,4%.
Sostuvo, además, que la ejecución al cierre del mes de junio 2026 logró el 43,4%, encontrándose a la fecha con un devengado de 67,5% y previéndose lograr el 100% de la ejecución según la proyección al cierre del año 2026.
“En este último cuatrimestre la ejecución se está acelerando en aplicación del decreto que aprueba la escala salarial del personal del régimen laboral 728 y las modificaciones presupuestarias realizadas para la continuidad operativa de nuestras instalaciones por el fenómeno El Niño 2026-2027”, anotó.
Remarcó que en el presente año se han recibido recursos para implementar nuevos servicios, como el Subsistema Especializado de Extinción de Dominio en nueve órganos jurisdiccionales, por S/ 10 millones.
También para implementar el subsistema de Extorsión y Delitos Conexos en La Libertad, como el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) en su etapa penal en Lambayeque.
La magistrada destacó que el Sistema Nacional de Extinción de Dominio permitió que, desde 2019 hasta agosto de este año, se extingan bienes cuyo origen patrimonial fue declarado ilícito o que no se pudo establecer cuál era el origen, por más de S/ 790 millones.
Así, indicó que la proyección del referido subsistema es que, hasta diciembre de este año, se logre la extinción de un monto aproximado de US$ 232 millones 449 mil.
Señaló, además, que su gestión impulsa la nueva plataforma única de servicios de la institución (Sijud), punto de acceso al variado ecosistema de servicios digitales institucionales, el cual integra al nuevo Expediente Judicial Electrónico como su principal componente, lo que demandará una importante inversión.
No dejó de mencionar que el Poder Judicial impulsa cada año la entrega de dinero correspondientes a endosos de depósitos judiciales por pensión de alimentos en favor de miles de madres y menores alimentistas.
“Es muy importante que se sepa que siempre estamos mirando cómo podemos aportar para la mejora y optimización del servicio de justicia”, puntualizó la jueza suprema.
Lima, 29 de setiembre de 2026
Tello Gilardi señaló que, en aplicación de la Ley N° 28821, el Poder Judicial consensuó su presupuesto con el Ejecutivo por S/ 4 mil 276 millones 514 mil, 920; no obstante, este no fue presentado de tal manera por el Ejecutivo al Congreso.
La autoridad judicial señaló que, mediante publicación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027, se asignó al Poder Judicial un monto menor en el que restó S/ 37 millones 362 mil 546, por lo que instó al Congreso emitir un marco normativo para reponer la diferencia durante la ejecución.
En tal sentido, propuso como demanda adicional un monto de S/ 5 mil 466 millones 075 mil 601, en tanto que para la Academia de la Magistratura (Amag), encargada de capacitar a juezas y jueces como fiscales, la cifra es de S/ 6 millones 552 mil, para reforzar el trabajo de esta entidad.
“Solicitamos que de manera progresiva se atienda todo el requerimiento porque permitirá cerrar brechas y asegurar los registros virtuales de los expedientes, su conservación, así como contar con personas competentes y preparadas en regímenes laborales homologados”, expresó.
Entre las brechas importantes pendientes para mejorar el desempeño de los procesos jurisdiccionales, la jueza consideró situaciones como la insuficiencia de magistrados titulares, que llega al 20%, la elevada y creciente carga procesal, que implica diversas estrategias para su reducción; entre otros.
También recalcó la necesidad de reforzar el servicio judicial en todo el territorio, en muchos casos en zonas de frontera, así como en zonas álgidas y de difícil acceso como Condorcanqui (Amazonas), y sus tres distritos de Nieva, Río Santiago y Yutupis.
“A ellos llegamos con justicia itinerante, ferias de difusión de conocimientos jurídicos, orientación sobre acceso a nuestros servicios, que se diferencian de la justicia de paz, justicia especial de comunidades campesinas, rondas y otras formas comunales”, afirmó.
Refirió que, para orientar la mejora en la conclusión de los procesos, la institución impulsa iniciativas como la aplicación de la oralidad en los procesos civiles y de familia, que constituyen iniciativas propias de estas especialidades.
“También buscamos mejorar la inserción de la Función de Integridad en la gestión jurisdiccional y administrativa, mejorar la calidad de las resoluciones, el acceso real a la justicia para las personas vulnerables que demandan nuestros servicios, aplicando el enfoque de interseccionalidad”, expresó.
SIN INTERESES POLÍTICOS
Tello Gilardi revaloró el trabajo que desempeñan un total de 3 mil 770 juezas y jueces comprometidos con su labor, así como su valentía y decisión en cada caso que les toca decidir, por lo que destacó la importancia que cuenten con el respeto de su independencia jurisdiccional.
“La independencia del Poder Judicial es la defensa de la judicatura, que siempre tiene que tener claro cuál es el norte, que no estamos jamás trabajando por intereses políticos; yo tengo cuarenta años trabajando en el Poder Judicial, y así muchos jueces”, dijo.
No obstante, recalcó que las críticas a la administración de justicia son aceptadas porque las decisiones judiciales no son infalibles y los jueces son seres humanos que pueden cometer errores también, por lo que se asume lo que corresponde cuando hay conductas al margen de la ley.
Frente a la inseguridad ciudadana, la titular del Poder Judicial apostó por la necesidad de fortalecer con mayor presupuesto y decisión política las unidades de flagrancia, que son 40 hasta setiembre, y el año pasado lograron un nivel de eficacia de 92.97%.
“Es muy importante que todos tengamos la misma mirada y los mismos objetivos, dado que el sistema de flagrancia es capaz de resolver cualquier caso que se descubra en el mismo momento de su comisión”, refirió.
En ese sentido, consideró que todas las directivas, protocolos y normas que implementen las instituciones que integran el Sistema Nacional de Flagrancia deben ir en la línea de la ampliación de la competencia de las unidades de flagrancia y no circunscribirlas solo para los delitos menores.
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
En otro momento, la jueza suprema dio cuenta de que la ejecución del presupuesto del Poder Judicial en el ejercicio 2025 fue la más alta luego de diez años, al alcanzar el 98,4%.
Sostuvo, además, que la ejecución al cierre del mes de junio 2026 logró el 43,4%, encontrándose a la fecha con un devengado de 67,5% y previéndose lograr el 100% de la ejecución según la proyección al cierre del año 2026.
“En este último cuatrimestre la ejecución se está acelerando en aplicación del decreto que aprueba la escala salarial del personal del régimen laboral 728 y las modificaciones presupuestarias realizadas para la continuidad operativa de nuestras instalaciones por el fenómeno El Niño 2026-2027”, anotó.
Remarcó que en el presente año se han recibido recursos para implementar nuevos servicios, como el Subsistema Especializado de Extinción de Dominio en nueve órganos jurisdiccionales, por S/ 10 millones.
También para implementar el subsistema de Extorsión y Delitos Conexos en La Libertad, como el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) en su etapa penal en Lambayeque.
La magistrada destacó que el Sistema Nacional de Extinción de Dominio permitió que, desde 2019 hasta agosto de este año, se extingan bienes cuyo origen patrimonial fue declarado ilícito o que no se pudo establecer cuál era el origen, por más de S/ 790 millones.
Así, indicó que la proyección del referido subsistema es que, hasta diciembre de este año, se logre la extinción de un monto aproximado de US$ 232 millones 449 mil.
Señaló, además, que su gestión impulsa la nueva plataforma única de servicios de la institución (Sijud), punto de acceso al variado ecosistema de servicios digitales institucionales, el cual integra al nuevo Expediente Judicial Electrónico como su principal componente, lo que demandará una importante inversión.
No dejó de mencionar que el Poder Judicial impulsa cada año la entrega de dinero correspondientes a endosos de depósitos judiciales por pensión de alimentos en favor de miles de madres y menores alimentistas.
“Es muy importante que se sepa que siempre estamos mirando cómo podemos aportar para la mejora y optimización del servicio de justicia”, puntualizó la jueza suprema.
Lima, 29 de setiembre de 2026