Expresan preocupación por interferencia a independencia judicial ante procedimientos disciplinarios contra jueces
Nota de prensaRecalcan que sanciones basadas en el ejercicio jurisdiccional significa vulneración al principio de separación de poderes.
4 de julio de 2026 - 8:00 a. m.
Diversas personalidades jurídicas, así como respetadas instituciones nacionales e internacionales, expresaron su preocupación ante el procedimiento disciplinario iniciado contra magistrados, entre ellos al juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, lo cual consideran una vulneración a la independencia judicial.
Así, a través de una declaración pública en defensa del referido principio, el profesor emérito de Universidad de Friburgo (Alemania), José Hurtado Pozo, dio testimonio de las cualidades personales y profesionales de Prado Saldarriaga.
“Esta declaración no obedece a un impulso circunstancial, sino al deber ético de dar testimonio de su integridad personal, su rigurosa trayectoria en la enseñanza universitaria y su permanente compromiso con los derechos humanos y la correcta administración de justicia”, sostuvo.
Al analizar el procedimiento abierto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Prado Saldarriaga y otros jueces, el jurista instó a recordar que las sanciones basadas en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales suponen una vulneración directa del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.
“El libre criterio interpretativo del juzgador, fundamentado en el bloque de constitucionalidad y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representa una garantía inalienable para los ciudadanos”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el ejercicio jurisdiccional, centrado en el control de convencionalidad y en el derecho internacional, no puede quedar supeditado a una fiscalización de naturaleza administrativa o disciplinaria.
“La afectación a estos principios no es un asunto menor, y como ha advertido la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), la proliferación de presiones institucionales contra los tribunales es una señal de alarma preocupante para la estabilidad democrática”, indicó.
UNMSM SE PRONUNCIA
Por su parte, la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos expresó, también, su enérgico rechazo a los actos de interferencia que, según esta institución, propicia y ejecutan contra la independencia del Poder Judicial, y hacia jueces probos y honestos que imparten justicia.
A través de un comunicado suscrito por el decano José Félix Palomino Manchego, la referida entidad hizo un llamado a la sociedad peruana a defender la independencia del Poder Judicial como pilar esencial para el desarrollo y consolidación de la democracia en el país.
“Recientemente, la JNJ de manera reiterada viene desconociendo y amenazando con procesos de investigación y disciplinario, afectando la independencia de jueces que han inaplicado cuestionadas leyes de impunidad como la Ley n.° 32107 que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”, señala el pronunciamiento.
Añade que este es el caso de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que presidió Prado Saldarriaga, la cual resolvió el Recurso de Nulidad 1684-2022 sobre el caso de esterilizaciones forzadas aplicada a mujeres peruanas durante la década de 1990.
Señala que Prado Saldarriaga y los demás integrantes del mencionado tribunal; Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Báscones Gómez Sánchez inaplicaron la indicada ley ejerciendo sus funciones jurisdiccionales y aplicando la jurisprudencia vinculante del Tribunal constitucional del Perú y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
IDEHPUCP Y CAL
Esta declaración se suma a los pronunciamientos realizados en esa misma línea por otras instituciones vinculadas al servicio de justicia y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales.
Entre ellos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), el Colegio Abogados de Lima (CAL) y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (Judecap).
También los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Bernard Duhaime (relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición) y Margaret Satterthwaite (relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados).
El IDEHPUCP señaló que las referidas acciones se manifiestan bajo la forma de persecución y represalias contra juezas y jueces independientes que inaplican normas sobre casos de violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el CAL rechazó de manera enérgica discursos que proponen “barrer” el sistema judicial, expresiones que, según indican, atentan contra la separación de poderes y expresó su respaldo a la independencia judicial y fiscal.
Al respecto, cabe recordar que la Presidencia del Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (órgano máximo de deliberación de este poder del Estado), así como los presidentes de las 35 cortes superiores de país, emitieron sendos pronunciamientos frente a los riesgos que afectan la independencia y autonomía institucional.
TAMBIÉN REDLAD
Igualmente, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) rechazó los constantes acechos a los magistrados, como Prado Saldarriaga, y fiscales comprometidos con la investigación y el juzgamiento de la corrupción y crímenes de lesa humanidad en el Perú.
“Resulta alarmante que tales acciones provengan o sean alentadas por instancias del propio Estado, cuyo propósito constitucional es garantizar la independencia e idoneidad del sistema de justicia”, indicó.
La entidad recalcó que resulta antidemocrático perseguir a jueces por el cumplimiento de su deber constitucional de proteger la vigencia de la Constitución y los derechos humanos.
“En particular, alarman las actuaciones dirigidas a sancionar o amedrentar a magistrados que aplican el control de convencionalidad en casos de delitos de lesa humanidad, materia que goza de protección supranacional bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, señaló.
Además, expresó profunda inquietud por la conducta de ciertos medios de comunicación que, en lugar de informar con rigor y responsabilidad, contribuyen a la desinformación, a la estigmatización y a la generación de animadversión contra jueces y fiscales que cumplen con sus funciones.
Así, REDLAD solicitó el cese inmediato de las actuaciones estatales y administrativas que tengan el efecto o la intención. de intimidar, sancionar o descalificar por medios indebidos a jueces y fiscales que investigan y sancionan la corrupción.
Asimismo, que el Congreso y la JNJ observen y respeten escrupulosamente las garantías constitucionales y los estándares internacionales sobre independencia judicial y debido proceso.
También, instó la apertura de investigaciones imparciales y transparentes sobre cualquier actuación irregular en los procesos disciplinarios o penales que afecten a magistrados, garantizando la plena defensa y presunción de inocencia.
Lima, 4 de julio de 2026
Así, a través de una declaración pública en defensa del referido principio, el profesor emérito de Universidad de Friburgo (Alemania), José Hurtado Pozo, dio testimonio de las cualidades personales y profesionales de Prado Saldarriaga.
“Esta declaración no obedece a un impulso circunstancial, sino al deber ético de dar testimonio de su integridad personal, su rigurosa trayectoria en la enseñanza universitaria y su permanente compromiso con los derechos humanos y la correcta administración de justicia”, sostuvo.
Al analizar el procedimiento abierto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Prado Saldarriaga y otros jueces, el jurista instó a recordar que las sanciones basadas en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales suponen una vulneración directa del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.
“El libre criterio interpretativo del juzgador, fundamentado en el bloque de constitucionalidad y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representa una garantía inalienable para los ciudadanos”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el ejercicio jurisdiccional, centrado en el control de convencionalidad y en el derecho internacional, no puede quedar supeditado a una fiscalización de naturaleza administrativa o disciplinaria.
“La afectación a estos principios no es un asunto menor, y como ha advertido la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), la proliferación de presiones institucionales contra los tribunales es una señal de alarma preocupante para la estabilidad democrática”, indicó.
UNMSM SE PRONUNCIA
Por su parte, la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos expresó, también, su enérgico rechazo a los actos de interferencia que, según esta institución, propicia y ejecutan contra la independencia del Poder Judicial, y hacia jueces probos y honestos que imparten justicia.
A través de un comunicado suscrito por el decano José Félix Palomino Manchego, la referida entidad hizo un llamado a la sociedad peruana a defender la independencia del Poder Judicial como pilar esencial para el desarrollo y consolidación de la democracia en el país.
“Recientemente, la JNJ de manera reiterada viene desconociendo y amenazando con procesos de investigación y disciplinario, afectando la independencia de jueces que han inaplicado cuestionadas leyes de impunidad como la Ley n.° 32107 que desconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”, señala el pronunciamiento.
Añade que este es el caso de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que presidió Prado Saldarriaga, la cual resolvió el Recurso de Nulidad 1684-2022 sobre el caso de esterilizaciones forzadas aplicada a mujeres peruanas durante la década de 1990.
Señala que Prado Saldarriaga y los demás integrantes del mencionado tribunal; Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Báscones Gómez Sánchez inaplicaron la indicada ley ejerciendo sus funciones jurisdiccionales y aplicando la jurisprudencia vinculante del Tribunal constitucional del Perú y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
IDEHPUCP Y CAL
Esta declaración se suma a los pronunciamientos realizados en esa misma línea por otras instituciones vinculadas al servicio de justicia y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales.
Entre ellos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), el Colegio Abogados de Lima (CAL) y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (Judecap).
También los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Bernard Duhaime (relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición) y Margaret Satterthwaite (relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados).
El IDEHPUCP señaló que las referidas acciones se manifiestan bajo la forma de persecución y represalias contra juezas y jueces independientes que inaplican normas sobre casos de violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el CAL rechazó de manera enérgica discursos que proponen “barrer” el sistema judicial, expresiones que, según indican, atentan contra la separación de poderes y expresó su respaldo a la independencia judicial y fiscal.
Al respecto, cabe recordar que la Presidencia del Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (órgano máximo de deliberación de este poder del Estado), así como los presidentes de las 35 cortes superiores de país, emitieron sendos pronunciamientos frente a los riesgos que afectan la independencia y autonomía institucional.
TAMBIÉN REDLAD
Igualmente, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) rechazó los constantes acechos a los magistrados, como Prado Saldarriaga, y fiscales comprometidos con la investigación y el juzgamiento de la corrupción y crímenes de lesa humanidad en el Perú.
“Resulta alarmante que tales acciones provengan o sean alentadas por instancias del propio Estado, cuyo propósito constitucional es garantizar la independencia e idoneidad del sistema de justicia”, indicó.
La entidad recalcó que resulta antidemocrático perseguir a jueces por el cumplimiento de su deber constitucional de proteger la vigencia de la Constitución y los derechos humanos.
“En particular, alarman las actuaciones dirigidas a sancionar o amedrentar a magistrados que aplican el control de convencionalidad en casos de delitos de lesa humanidad, materia que goza de protección supranacional bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, señaló.
Además, expresó profunda inquietud por la conducta de ciertos medios de comunicación que, en lugar de informar con rigor y responsabilidad, contribuyen a la desinformación, a la estigmatización y a la generación de animadversión contra jueces y fiscales que cumplen con sus funciones.
Así, REDLAD solicitó el cese inmediato de las actuaciones estatales y administrativas que tengan el efecto o la intención. de intimidar, sancionar o descalificar por medios indebidos a jueces y fiscales que investigan y sancionan la corrupción.
Asimismo, que el Congreso y la JNJ observen y respeten escrupulosamente las garantías constitucionales y los estándares internacionales sobre independencia judicial y debido proceso.
También, instó la apertura de investigaciones imparciales y transparentes sobre cualquier actuación irregular en los procesos disciplinarios o penales que afecten a magistrados, garantizando la plena defensa y presunción de inocencia.
Lima, 4 de julio de 2026