Rechazan graves acciones de intimidación y afectación a la autonomía e independencia judicial

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), el Ilustre Colegio Abogados de Lima (CAL) y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (Judecap) expresaron su rechazo a las graves acciones de intimidación y afectación de la autonomía e independencia judicial.

A través de un pronunciamiento, el IDEHPUCP señaló que las referidas acciones se manifiestan bajo la forma de persecución y represalias contra juezas y jueces independientes que inaplican normas sobre casos de violaciones a los derechos humanos.

“La Junta Nacional de Justicia (JNJ), en acuerdo con el Congreso de la República, abre procesos disciplinarios, los cuales en realidad son una forma de disimular su verdadera motivación, que es una inconstitucional interferencia en materia jurisdiccional”, sostuvo el IDEHPUCP en un comunicado.

Agregó que son cuestionamientos a juezas y jueces honestos e independientes realizados no por presuntos actos de inconducta funcional o infracciones disciplinarias, que son los únicos en los que cabe el proceso disciplinario, sino por el contenido de sus fallos.

“Han iniciado procesos contra los magistrados que anteriormente integraron la Sala Penal Transitoria Suprema: Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez, así como también contra los jueces Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz”, señaló.

IDEHPUCP añadió que, en todos esos casos, se trata de magistrados que han aplicado el control difuso y el control de convencionalidad, tal como lo establece la Constitución, el Nuevo Código Procesal Constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Perú es Estado parte.

Una muestra de ello, señaló la referida institución, es la sentencia de la Sala Penal Transitoria sobre el recurso de nulidad N.° 948-2023 en la que inaplican la Ley 32107, manteniendo la línea jurisprudencial histórica del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Esta línea reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad como una norma de ius cogens anterior al Estatuto de Roma y a la Convención de Imprescriptibilidad, garantizando así el derecho a la verdad, la tutela de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano”, señala el comunicado.

Por su parte, el CAL rechazó de manera enérgica discursos que proponen “barrer” el sistema judicial, expresiones que, según indican, atentan contra la separación de poderes

En su pronunciamiento, el CAL expresó su respaldo a la independencia judicial y fiscal, al señalar que constituye “un pilar esencial del Estado Constitucional de Derecho”.

Este organismo anunció, asimismo, su adhesión a los recientes pronunciamientos de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) y de la Sala Plena de la Corte Suprema, que también cuestionaron las investigaciones y procesos disciplinarios abiertos contra magistrados por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales.

El CAL también hizo suyo el reciente llamado de expertos de las Naciones Unidas, quienes instaron al Estado peruano a revertir las acciones disciplinarias contra jueces que aplican el derecho internacional de los derechos humanos y el control de convencionalidad.

Expresó, asimismo, su “profunda preocupación” por la apertura de investigaciones y procedimientos disciplinarios contra magistrados debido a sus decisiones judiciales.

Además de mencionar los casos de las juezas y jueces supremos Prado Saldarriaga, Baca Cabrera, Terrel Crispín, Vásquez Vargas y Bascones Gómez Velásquez, expresaron, asimismo, su respaldo a Concepción Carhuancho, Chávez Tamariz, Néstor Paredes Flores, Sandro Aguilar Gaitán y David Suárez Burgos, quienes también afrontan procesos disciplinarios.

El pronunciamiento recordó, además, el caso del juez Oswaldo Ordóñez Alcántara, cuya no ratificación generó cuestionamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, al considerar que podría constituir una represalia institucional.

Por su parte los integrantes de la Judecap, reunidos en la provincia de Moyobamba, capital de la región San Martín, emitieron un pronunciamiento institucional en defensa del Estado Constitucional de Derecho, la independencia de los poderes públicos y la institucionalidad democrática.

Así, exhortaron al respeto mutuo entre los poderes del Estado, preservando la división de poderes, el Estado de Derecho y el sistema democrático como pilares fundamentales para garantizar la paz social y la convivencia en libertad.

Asimismo, expresaron su respaldo al mensaje de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, el cual reafirma la necesidad de que la administración de justicia se ejerza con plena autonomía e independencia, libre de cualquier tipo de injerencia o interés externo.

En ese sentido, los integrantes de Judecap manifestaron su deseo de que todas y todos los magistrados del país continúen desempeñando sus funciones con objetividad, imparcialidad y sin temor.