Poder Judicial cumple rol decisivo en lucha contra el crimen y sanciona delitos con rigor técnico

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sostuvo que, en un contexto en que la criminalidad organizada ha alcanzado niveles de expansión y complejidad sin precedentes, juezas y jueces desempeñan un valioso servicio para administrar justicia y forjar la paz social.

“Frente a este escenario, el rol del Poder Judicial es decisivo, pues no solo estamos llamados a sancionar el delito, sino a hacerlo con rigor técnico”, expresó la jueza suprema.

Tello Gilardi inauguró la diplomatura “Criminalidad Organizada, Tráfico Ilícito de Drogas, Minería Ilegal y Cibercriminalidad”, desarrollada en coordinación con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Embajada de los Estudios Unidos de América.

Este certamen académico, impulsado por Jhonny Contreras Cuzcano, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, está dirigido a las y los magistrados de la mencionada sede judicial.

La jueza suprema señaló que, en el 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que el PIB mundial sería de 117 billones de dólares y la economía ilegal mundial podría representar entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial.

“Estas redes no solo se limitan al narcotráfico, sino que se han diversificado hacia actividades como la minería ilegal, el tráfico de recursos naturales, la trata de personas y la ciberdelincuencia, articulando verdaderas cadenas económicas transnacionales”, afirmó.

A ese respecto, miles de peruanos y peruanas son víctimas de la delincuencia en sus diversas manifestaciones: homicidios, trata de personas, violencia sexual, secuestros, entre otros delitos que generan una sensación permanente de zozobra en la población, refirió.

En ese sentido, la titular del Poder Judicial consideró que uno de los más grandes retos que enfrentan los jueces y las juezas es la creciente inseguridad ciudadana, por lo que ratificó una respuesta a este flagelo “decidida, firme y justa, evitando cualquier tipo de impunidad bajo responsabilidad”.

Además, resaltó la necesidad de capacitar a los jueces para enfrentar a las organizaciones criminales que no solo generan economías ilegales, sino que también afectan el ambiente, vulneran derechos fundamentales, debilitan el tejido social y también intentan capturar o influir en las instituciones públicas.

“La complejidad de estos casos exige jueces altamente preparados en el uso de técnicas especiales y para la conducción de juicios complejos con enfoque estratégico”, explicó.

La titular del Poder Judicial dijo que su gestión tiene como objetivo estratégico el fortalecer las relaciones de cooperación con los organismos internacionales para reforzar las acciones que se vienen realizando para la modernización de servicio de la administración de justicia.

“Reafirmo el compromiso del Poder Judicial de seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros jueces y juezas, promoviendo espacios de formación de alto nivel como el que hoy inauguramos”, sostuvo.

Así, resaltó que el apoyo de la cooperación estadounidense, a través del Programa de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL) – INL de la Embajada de los Estados Unidos de América, contribuye a capacitar en materia penal y la extinción de dominio a los jueces y juezas.

“Este programa es una respuesta a los desafíos que enfrentamos y fortalecerá competencias, tanto genéricas como especializadas: desde el pensamiento crítico y la investigación jurídica, el dominio normativo, la aplicación de técnicas de investigación y la resolución de conflictos complejos”, anotó.

A su turno, el director de la Sección Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en Lima. Robert McInturff, resaltó el liderazgo del Poder Judicial para fortalecer las capacidades de juezas y jueces frente a delitos cada vez más complejos y dinámicos.

“El rol del Poder Judicial es absolutamente fundamental, las decisiones judiciales no solo resuelven casos individuales, también envían mensajes claros a la sociedad sobre la vigencia de la ley, la protección frente a la violencia y el crimen, y la determinación de enfrentar la impunidad”, indicó.

De otro lado, la directora del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) – PUCP, Betzabe Marciani Burgos, destacó la importancia de la articulación interinstitucional para enfrentar la criminalidad organizada, un fenómeno delictivo cada vez más complejo y sofisticado.

“Esta realidad en que el delito tiene incluso alcance transnacional exige no solo respuestas eficaces sino también una formación especializada, rigurosa, y actualizada”, afirmó Marciani Burgos.

La diplomatura abordará los principales fenómenos delictivos que configuran la criminalidad organizada: desde sus fundamentos y evolución normativa, su vinculación con la corrupción, el narcotráfico y la ciberdelincuencia, hasta su relación con la minería ilegal y la explotación de personas.