Fiscalía presentó iniciativa legislativa para ampliar plazo de investigación preliminar a quince días

Nota Informativa
Informó fiscal superior Frank Almanza ante Comisión de Defensa del Congreso, precisando que lamentablemente fue desestimado por el Ejecutivo

21 de abril de 2016 - 12:00 a. m.

(AFN, 19 de abril de 2016).- El Ministerio Público presentó una iniciativa legislativa que buscaba ampliar a 15 días el plazo de detención preliminar en casos de crimen organizado y delitos graves, pero no fue considerada por el Ejecutivo durante el periodo de 90 días en que gozó de facultades para legislar en materia de seguridad el año pasado.

Así lo reveló el fiscal superior Frank Almanza Altamirano, quien respondió de esa manera a las críticas lanzadas desde algunos sectores que criticaron supuestas medidas de libertad otorgadas por fiscales a detenidos por la Policía Nacional.

El magistrado, quien se presentó en representación del Ministerio Público ante la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso, fue claro en señalar que el periodo de 24 horas del que gozan los fiscales para elaborar una denuncia y solicitar las medidas que sean necesarias para mantener bajo prisión a un delincuente, es insuficiente.

Explicó que, desde el momento en que se produce una detención, la Policía y la Fiscalía tienen un plazo de tan solo 24 horas para efectuar todas las diligencias propias de una investigación a nivel policial y fiscal; así como elaborar la denuncia y sustentar el requerimiento de prisión preventiva ante el Juzgado de Turno, tiempo que resulta sumamente corto más aun cuando se trata de delitos graves cometidos por bandas o en los que se tienen que practicar numerosas diligencias para obtener  suficientes pruebas. Sostuvo, asimismo, que las fiscalías de turno se avocan no solo a un caso, sino investigan decenas de denuncias de mayor o menor complejidad que deben resolverse en el mismo plazo.

En ese sentido, informó que la Fiscalía presentó un proyecto de ley el año pasado, que buscaba ampliar el plazo de investigación preliminar a 15 días, como ocurre en casos de terrorismo y tráfico ilícito de drogas, pero lamentablemente fue desestimado por el Ejecutivo en el periodo en que gozó de facultades legislativas en temas de seguridad.

 “Si tenemos casos en los que caen los miembros de una banda de extorsionadores con más de diez detenidos, por ejemplo, ¿En 24 horas pueden realizarse todas las diligencias necesarias para cumplir con lo que exige la ley?”, preguntó el magistrado a los miembros de la mesa, quienes cuestionaron las recientes medidas de libertad dadas por algunos fiscales. Tras reiterar que el tiempo de 24 horas para efectuar una investigación es insuficiente, el representante del Ministerio Público precisó que, en el caso del fiscal que dio libertad a uno de los delincuentes que participó en el crimen de dos policías en el Rímac, fue separado de la institución.

De otro lado, el magistrado ratificó que el bajo presupuesto que se asigna al Ministerio Público constituye otra de las razones por las cuales no se cuenta con la infraestructura ni el personal adecuados para obtener mayores resultados en la lucha contra el crimen, pero que se vienen dando importantes pasos con los escasos recursos con los que cuenta la institución. Informó que la reciente Cumbre de Fiscales Generales de América Latina es una muestra de ello, la misma que se realizó sin ningún costo para el Estado y que ha permitido que los fiscales vengan obteniendo colaboración en importantes casos de corrupción que traspasan las fronteras y que involucrarían a funcionarios de nuestro país.

Asimismo, en respuesta a las críticas que algunos miembros de la comisión hicieron a la elaboración de atestados policiales  deficientes, faltos de pruebas y en algunos casos con una tipificación de delitos inapropiada, manifestó que el Ministerio Público no puede culpar a la Policía pues esa institución tampoco cuenta con el tiempo suficiente para realizar las pesquisas necesarias. “Es muy fácil generalizar las críticas hacia todas las instituciones, pero debemos individualizar cada caso y dar las explicaciones necesarias de las decisiones que se toman, las cuales se ajustan siempre a ley”, advirtió el magistrado.

 

MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN

Imagen Institucional