Lambayeque: Fiscalía detecta irregularidades en obras en colegio de Cañaris

Nota Informativa
Durante investigación a ex alcalde, José Hurtado Julca.

28 de octubre de 2015 - 12:00 a. m.

(AFN, 28 de octubre de 2015).- Representantes de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque verificaron una serie de irregularidades por un monto superior a un millón 500 mil soles, en la obras de mejoramiento y ampliación del centro educativo N° 10818, ubicado en el distrito de Cañaris, en la provincia lambayecana de Ferreñafe.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal José Constantino Espino, como parte de la investigación preliminar que lleva su despacho contra el ex alcalde de Cañaris, José Arturo Hurtado Julca, por presuntos delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir.

El magistrado, acompañado de funcionarios de la Contraloría General de la República y miembros de la Policía Nacional, se dirigió al caserío El Naranjo, donde advirtió serias irregularidades en el incumplimiento de la ejecución de la obra.

Las autoridades constataron que, pese a que en el expediente técnico se precisa que la obra está concluida y debió entregarse el 31 de julio de 2014, los trabajos se  encuentran abandonados y con signos de deterioro, con un avance inferior al 70%. Se comprobó, además, que ello viene ocasionando un serio perjuicio a los alumnos de la institución educativa, quienes actualmente se encuentran estudiando en tres casas comunales.

La diligencia fiscal se realizó a mérito de la denuncia formulada por el actual alcalde distrital de Cañaris, José Gaspar Lucero, quien precisó que la obra no se ha culminado a pesar de que, a la fecha, los ex funcionarios municipales cancelaron a la empresa constructora la totalidad del costo de la obra, así como el pago al supervisor.

La investigación se encuentra en etapa de investigación preliminar e incluye al ex alcalde de la comuna de Cañaris, así como al residente de obra, Abel Higinio Moscol Broncano; al jefe de supervisión, Marcial Martín Mocarro Aguilar; y al representante legal del consorcio Cañaris, Edgardo Risco Távara.

MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN

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