Procuraduría quejó a magistrados que emitieron sentencia a favor de César Álvarez

Nota Informativa
Pedido de Procuraduría del Ministerio Público ante la OCMA es acogida y se propone la destitución de los magistrados

18 de setiembre de 2015 - 12:00 a. m.

(AFN, 17 de setiembre 2015).- Luego que la Procuraduría del Ministerio Público formulara queja funcional contra los jueces superiores de la Sala Penal de Apelaciones de Huaraz, la jefatura de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha resuelto proponer la destitución de estos magistrados por emitir una sentencia favorable al procesado César Álvarez por un Hábeas Corpus.

La queja funcional fue interpuesta contra los magistrados Carlos Simón Rodríguez Ramírez, Betty Elvira Tinoco Huayaney y Demetrio Robinson Vela Marroquín, en sus actuaciones como Jueces Superiores de la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash, por expedir un pronunciamiento que contraviene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha establecido que los pronunciamientos fiscales no vulneran ni constituyen amenaza de la libertad individual de las personas.

Es así que, luego de una minuciosa investigación por parte de la Jefatura de la Unidad de Investigación y Anticorrupción, ha resuelto proponer a la Jefatura Suprema de la OCMA, que se imponga la medida disciplinaria de destitución a los magistrados quejados por haber incurrido en inconducta funcional, según lo establece el Artículo 24 inciso1 de la Ley de la Carrera Judicial.

Según la investigación de la OCMA, los magistrados no señalaron de qué manera se afectaba la libertad personal del investigado César Joaquin Alvarez Aguilar con la Disposición Fiscal cuya nulidad se pretendía.

Esta queja funcional interpuesta por la Procuraduría Pública del Ministerio Público, se debió a una demanda de Hábeas Corpues presentada por César Joaquín Alvarez Aguilar contra el Ministerio Público (Expediente Nro. 255-2013) que fue declarada improcedente.

Sin embargo, fue revocada por la mencionada Sala declarandola fundada y anulando la Disposición Fiscal que formalizaba la investigación preparatoria contra César Álvarez por la presunta comisión del delito de peculado y corrupción de funcionarios en agravio del Estado, y en consecuencia dispusieron el cese de todo acto investigatorio posterior derivado de dicha investigación, tanto en sede fiscal como a nivel jurisdiccional.

 

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