Dan 24 años de pena privativa contra cuatro ex policías

Nota Informativa
El despacho de la fiscal provincial Tania Greta Gallegos Calizaya logró revelar cómo operaban los suboficiales Luis Valdivia Chávez, Víctor Mezarine Diez, César Zegarra Chama y Lilia Núñez Córdova.

4 de agosto de 2015 - 12:00 a. m.

(Arequipa, 4 de agosto).- Durante 24 años permanecerán privados de su libertad, cuatro de los siete ex miembros de la policía fiscal implicados en diversos casos de cohecho pasivo, abuso de autoridad y asociación ilícita para delinquir, luego de que la fiscalía lograra que el Juzgado dicte una sentencia ejemplar.

Tras una exhaustiva investigación el despacho de la fiscal provincial Tania Greta Gallegos Calizaya logró  revelar cómo operaban los suboficiales: Luis Valdivia Chávez, Víctor Mezarine Diez, César Zegarra Chama y Lilia Núñez Córdova.

Ellos formaban parte del grupo operativo N° 1 de la Policía Fiscal (DEPOLFIS) junto a los suboficiales, hoy prófugos de la justicia, Jorge Morales Chiquimia, Marco Canazas Gutiérrez y Milton Salas Alarcón; a cargo del comandante y exjefe de la Policía Fiscal, Pablo Flores Granda, sobre quienes pesa mandato judicial de prisión preventiva y han sido declarados contumaces.

La fiscalía acusó a los cuatro primeros por la comisión de los delitos de cohecho pasivo propio, abuso de autoridad y asociación ilícita para delinquir, todos delitos previstos y sancionados en el Código Penal según los artículo 393, 376 y 317 respectivamente.

Durante el juicio oral que comenzó en mayo de este año en sesiones ininterrumpidas; la Fiscalía consiguió acreditar que los suboficiales realizaban intervenciones ilegales en domicilios de comerciantes donde procedían a incautar e inmovilizar bienes solicitando dádivas a cambio de no comunicar a las autoridades competentes del Ministerio Público, Aduanas e Indecopi.

Así, quedó probado que para ello planificaban cada intervención ilegal y que cada uno de los integrantes del grupo operativo N°1 tenía un rol establecido. Se comunicaban constantemente vía celular a fin de desarrollar el plan para lograr hacerse del dinero bajo presión y amenaza en contra de las víctimas, abusando de su cargo y en uso de sus funciones.

De este modo, el pasado 12 de setiembre de 2013 este grupo ingresó ilegalmente y con engaños al domicilio del comerciante Freddy León Mamani y su esposa Rosa Calloapaza, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre. Luego de intervenir la vivienda se incautaron e inmovilizaron sus bienes y a cambio de “dejarlo trabajar” le solicitaron la suma de 35 mil soles.

El agraviado, al verse presionado y no contar con esa suma de dinero; decidió hacerse un préstamo en una entidad bancaria; en donde además el suboficial Mezarine Diez fungió de socio del agraviado a fin de conseguir el dinero pactado, sin saber que León Mamani previamente había denunciado el hecho ante la fiscalía de turno.

Fue así que tras un operativo coordinado con el Ministerio Público se realizan las labores de investigación correspondientes, lográndose la detención de los cuatro suboficiales que ahora son condenados tanto por esta acción como por otros delitos de la misma naturaleza y mismo accionar, que también fueron denunciados y de cuyas víctimas el Ministerio Público ha protegido su identidad.

La jueza Álida Rodríguez Galindo dictó siete años de pena privativa de libertad por la comisión del delito de cohecho pasivo propio e inhabilitación por el mismo espacio de tiempo, más 546 días multa contra los cuatro implicados en el caso. Además, dos años de pena privativa de libertad por el delito de abuso de autoridad e inhabilitación por el mismo tiempo, ante los hechos en agravio de Freddy León Mamani y el Estado.

Al momento de la sentencia, la jueza del caso ordenó aplicar la sumatoria de pena señalada en el artículo 50 del Código Penal, por lo que le corresponde a cada uno de los suboficiales  una pena efectiva de 24 años de pena privativa de la libertad, por lo que se ordenó su internamiento en el Penal de Socabaya hasta el año 2037.

Por otro lado, el Ministerio Público rechaza actitudes groseras por parte de la defensa de los acusados hacia el personal de la fiscalía que agravia no solo a la persona sino a la institución.

MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN

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