Los programas de televisión nocivos y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes

Nota Informativa

13 de julio de 2015 - 12:00 a. m.

Desde inicios de año hemos visto y escuchado, a través de los diferentes medios de comunicación, marchas y movimientos contra lo que popularmente se denomina “Televisión Basura”. Frente a esta protesta, se escucha a los representantes de algunos medios de comunicación justificar la exhibición de sus programas etiquetados como “tv basura”, en el hecho que cada persona decide lo que sintoniza (autorregulación del espectador) y que si no es de su agrado debe evitar ver el contenido que le afecta.

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Entre estas dos posturas, y a pesar de las protestas de diferentes grupos sociales de pedir la intervención estatal en la regulación de la televisión y el respeto de los horarios de protección al menor, que están previstos en la norma respectiva; se observó a través de una canal televisivo que para ganar un concurso, dirigido a jóvenes adolescentes, una joven concursante debía comer insectos. Lo cual hizo a vista y paciencia de los diferentes espectadores, situación que ha causado indignación y protesta de las organizaciones defensoras de los derechos del niño y que, según se informa, en la ciudad de Lima el Ministerio Público ha iniciado investigación por contravención a los derechos fundamentales1 de dicha menor.

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Es por ello que en el presente artículo se pretende establecer el enfoque legal y la responsabilidad que como sociedad tenemos todos: personas naturales y/o jurídicas, para ejercitar nuestras actividades respetando los derechos fundamentales de los niños.

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Por ello debemos partir de la Convención de los Derechos del Niño la misma que Considera que el niño2 debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Esta misma convención en concordancia con la Declaración de los Derecho del Niño establece que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales; incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, por ende en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño3. Este mismo principio es recogido por el Código de los Niños y Adolescentes que en el art IX establece que en toda medida 

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concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.

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Y algunos se preguntan qué implica este Principio que siempre es mencionado cuando de derechos de niños, niñas y adolescentes se trata. Para la doctrina especializada este principio implica ser entendido en por lo menos cuatro dimensiones1:

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Como principio jurídico garantista, por cuanto limita la discrecionalidad de las autoridades a quienes se les permite, en diversas situaciones, tomar decisiones que pueden afectar los derechos de los niños.

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Como garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e identifica el interés superior del niño con la satisfacción de sus derechos; es decir, las soluciones jurídicas posibles están sujetas al contenido esencial de los derechos del niño. Es un límite al paternalismo estatal.

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Como criterio de interpretación, quizá una de las más importantes, por cuanto nos conlleva a la obligación de interpretar sistemáticamente los derechos humanos de los niños, de esta manera se asegura el libre desarrollo de su personalidad. Por ello es que la noción del interés superior del niño va a permitir resolver conflictos de derechos recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto y,

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Como Prioridad de políticas públicas del estado para la infancia, la convención reconoce que los derechos del niño pueden entrar en conflicto con intereses de terceros sin rango de derecho, por ello es que se exige la prioridad a los derechos del niño. En otros casos en los que el conflicto es entre los derechos del niño y los derechos de los terceros entonces se debe dar prioridad no excluyente de los derechos de terceros.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido constante en señalar que el interés superior debe ser entendido como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Como vemos, la Corte no se separa de las nociones de interés superior como principio que garantiza la vigencia de los derechos humanos de los niños, como criterio de la interpretación en integración de las normas destinadas a los niños y adolescentes y también como limite a la facultad discrecional de las autoridades que debe tomar decisiones que involucren a menores.

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Entonces, este Principio es sinónimo de respeto de los derechos fundamentales de un niño. Siguiendo este razonamiento, la convención también establece que los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental.
Con tal objeto, los Estados Partes (…) promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.

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Dicho lo anterior debemos preguntarnos: ¿El medio de Comunicación que expone a una menor de edad a situaciones extremas como el consumo de insectos para ganar un concurso, promueve su bienestar social, espiritual, moral, su salud física y mental? ¿Qué mensaje irradia este medio de comunicación? Si cuando hablamos de adolescentes para el caso en concreto, y no sólo la que fue obligada a comer insectos sino los compañeros concursantes y el público televidente, en qué coadyuva este medio al desarrollo de estos menores. Acaso implícitamente inculca la maquiavélica frase “El fin justifica los medios”, en este caso no se trata de autorregulación, no se trata de inmiscuirse en la libertad de expresión de los medios televisivos, sino en los limites que debe exigírsele tener, en cuanto a la programación dirigida a niños y jóvenes en formación; pues a todas luces programas como estos no elevan en nada el nivel educativo de nuestros hijos, tampoco el prestigio que por años buscamos mejorar en nuestra educación a nivel de estándares internacionales. El medio televisivo, si bien es una empresa privada, no es ajena a la responsabilidad social; y al Estado Peruano, siguiendo los principios de la Convención de los Derecho del Niño, le corresponde actuar a través de sus organismos competentes para proteger a sus niños de programas nocivos para su desarrollo, sin que ello deba ser interpretado como una afectación a su libertad de expresión y los derechos conexos.

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De otro lado y no menos importante, es que si bien se recrimina la falta de responsabilidad social del medio que permitió e incluyó en su programación este tipo de actos para ser desarrollados por una adolescente y la falta de control por el Estado ante la vulneración de las normas reguladoras de medios, los padres de la misma no son ajenos a este cuestionamiento ante su evidente falta de cuidado y protección; pues los padres de la adolescente que han autorizado su participación en una actividad como la cuestionada, también estarían incumpliendo su deber de garantizar la efectividad de los derechos de su hija, siendo ello así, los padres también ameritan una investigación y el respectivo pronunciamiento por la sobre exposición de su hija, debiendo establecerse si aquellos cumplen los demás deberes de protección que le confiere el ejercicio de la patria potestad, o es que carecen de la idoneidad para garantizar el cuidado y protección de su hija.

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Finalmente, quien también comparte por esta vulneración es la entidad educativa, que autoriza la participación de sus alumnos en programas, que lejos de promover la cultura y la educación y por ende el libre desarrollo del menor en formación, someten a los adolescentes a actuaciones extremas que afectan todo sentido de la dignidad, situación que también merece ser considerada e investigada; pues ello también facilita la vulneración de los derechos de la educando, cuando de acuerdo a nuestras normas nacionales y supranacionales ellos deben garantizar el derecho a la educación y adecuada formación en valores y en conocimientos y son responsables de velar por el buen trato de sus alumnos, obligación que no se evidencia se haya cumplido en el caso en cuestión.

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Por lo antes expresado, es preciso que la familia, la sociedad y la empresa pública o privada asuman la corresponsabilidad de brindar a los niños y niñas los medios idóneos y necesarios que le permitan el normal y libre desarrollo de su persona y la autonomía progresiva para el ejercicio de sus derechos; siendo la misión del estado adoptar los mecanismos legales respectivos para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones, optimizándose en todos los casos los derechos fundamentales de los niños niñas y adolescentes que por falta de madurez y desarrollo resultan los más vulnerables.

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*Jastmc MERINO GUERRERO

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Fiscal Provincial Titular
Primera Fiscalía Provincial de Familia de Piura.

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1CILLERO BRUÑOL Miguel Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención Internacional sobre derechos del Niño. jurisprudenciaInfancia@udp.cl (Link Bibliografía en Línea del curso Internacional de protección de los derechos del Niño Lima 2011)

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1El Código de los Niños y Adolescente establece que son Contravenciones son todas aquellas acciones u omisiones que atentan contra el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes señalados en la ley y que es competencia y responsabilidad del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Niño y Adolescente y de los Gobiernos Locales, vigilar el cumplimiento y aplicar las sanciones administrativas de su competencia cuando se encuentren amenazados o vulnerados los derechos de los niños y adolescentes.Siendo función del Ministerio Público, a través del Fiscal Especializado y del Fiscal de Prevención del Delito, vigilar el cumplimiento de esta Leyy de los Gobiernos Regionales y Locales dictar las normas complementarias para el cumplimiento de la Ley, estableciendo disposiciones y sanciones administrativas adecuadas a las peculiaridades y especificidades de los niños y adolescentes de su región o localidad..

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2 La Convención considera Niño a toda persona menor de 18 años de edad.

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3Dr. Alex Placido V. en Cuadernos Jurisprudenciales Nº 60, de la Revista Dialogo con la Jurisprudencia Agosto de 2006, es entender por el Interés Superior del Niño: al conjunto de circunstancias que establece las adecuadas condiciones de vida y que en casos concretos permite determinar la mejor opción para la debida protección de sus derechos fundamentales preservando su personalidad de prevalencia de lo espiritual sobre lo material(asegurando mínimos) y de lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar el mínimo equilibrio afectivo) atendiendo en lo posible a sus gustos, sentimientos preferencias etc; que también influyen en los medios elegibles

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