Investigan presuntas irregularidades en contrataciones de la Autoridad de Transporte Urbano

Nota Informativa
Ministerio Público ingresó a dicha entidad para iniciar diligencias preliminares por el plazo de 90 días

7 de julio de 2020 - 12:00 a. m.

(AFN, Lima, 7 de julio del 2020).- La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Lima Centro abrió investigación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en diversos procesos de contratación en la actual gestión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), cuya presidenta del Consejo Directivo es María Esperanza Jara Risco.

Un equipo de fiscales, liderado por el fiscal provincial Marco Huamán Muñoz, ingresó esta mañana a dicha entidad para recabar la documentación e información necesaria para la investigación

El primero está relacionado al favorecimiento que la alta funcionaria de la ATU habría cometido al aprobar y dar conformidad para la contratación de una empresa conformada por sus supuestos amigos Héctor Elbert Rubio Guerrero, Luis Fernando Vilela García y Luis Jesús Canessa Calderón.

Por este hecho, la fiscalía abrió investigación contra todos ellos por el delito de colusión. Asimismo, se dejó establecido que dicha calificación jurídica inicial es provisional y está sujeta a la confirmación o variaciones que pudiera arrojar la indagación preliminar.  
                                                                                                                   En el segundo caso se investiga una probable sobrevaloración en dos contrataciones directas para la compra de 20 mil adhesivos y pintado de 10 mil círculos de señalización para el distanciamiento social en los paraderos de los corredores y el Metro de Lima y Callao; ambos valorizados en S/286 700.

Al respecto, la Fiscalía investigará a los que resulten responsables del delito de colusión.

En los dos casos se ha establecido que las diligencias preliminares mediante el uso de medios electrónicos se realice en la sede policial de la Dirección Contra la Corrupción, por el plazo de 90 días.

 

MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN

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