Ministerio Público coordina ejecución de extradición de condenado por caso Utopía

El Ministerio Público, a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE) de la Fiscalía de la Nación, realiza las coordinaciones directas para la ejecución de la extradición, desde México, del exaccionista de la discoteca ‘Utopía’, Édgar Jesús Paz Ravines, condenado por la muerte de 29 jóvenes tras un incendio en el 2002.

Édgar Paz Ravines fue sentenciado en el 2004, luego que la fiscalía probara que la discoteca carecía de medidas básicas contra incendios y de licencia municipal, por el delito de homicidio culposo por omisión impropia, junto a su socio Alan Azizollahoff Gate, cuando ambos se encontraban fuera del país.

En junio y julio del año 2016, el Ministerio Público presentó la solicitud de detención preventiva con fines de extradición y la solicitud formal de extradición de Paz Ravines ante las autoridades competentes de los Estados Unidos Mexicanos.

A partir de este pedido se logró su detención en el territorio mexicano, en noviembre de 2018; lo cual dio inicio al procedimiento interno de extradición en su contra ante las autoridades mexicanas, que se dilató debido a los mecanismos legales a los cuales recurrió su defensa, como la formulación de un pedido de Juicio de Amparo que buscó impugnar la opinión favorable del Gobierno mexicano para la extracción, en marzo de este año.

Sin embargo, ayer, 26 de agosto, se informó que el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió sobreseer el Juicio de Amparo interpuesto por la defensa de Paz Ravines y, al no haber impedimento legal alguno para proceder a su extradición, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República de México para dar inicio a la ejecución de la extradición.

Dada la relevancia del caso, la UCJIE ha venido coordinando de forma directa con la Dirección General de Procedimientos Internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el Ministerio del Interior, la Presidencia del Poder Judicial, el 21 Juzgado Penal de Lima y la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, para el traslado del condenado en un vuelo humanitario programado para el 5 septiembre próximo.