Arequipa: Defensa Pública consigue que Corte Suprema ratifique cadena perpetua por triple homicidio
Nota de prensaMáxima instancia judicial reafirma Cadena Perpetua y que no proceden beneficios ni reducción de pena en casos de feminicidio.
Fotos: MINJUSDH
27 de mayo de 2026 - 5:33 p. m.
Tras la intervención de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de cadena perpetua contra el autor de un triple homicidio que conmocionó a la región Arequipa.
La decisión del máximo tribunal deja establecido que no caben beneficios ni reducciones de pena en delitos de feminicidio, marcando un precedente clave en la lucha contra la violencia extrema hacia las mujeres.
El caso se remonta al 14 de abril de 2021, cuando el sentenciado citó a su expareja y, en medio de una discusión mientras se desplazaban hacia el distrito de Yarabamba, la asesinó. El crimen ocurrió en presencia de sus dos hijas menores, a quienes posteriormente también les quitó la vida. Los cuerpos fueron abandonados en un descampado y hallados dos días después por ciudadanos que transitaban por la zona.
Desde el inicio del proceso, el defensor público de víctimas Luis Ángel Carrizales Apaza asumió la representación legal de los padres de la víctima, impulsando las acciones judiciales tanto por feminicidio como por parricidio.
En primera instancia, el Poder Judicial dictó cadena perpetua y ordenó el pago de una reparación civil. Sin embargo, en segunda instancia la pena fue reducida a 35 años tras la aplicación de control difuso, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema.
Al revisar el caso, la Sala de Derecho Constitucional y Social desaprobó dicha reducción y ordenó restituir la cadena perpetua, enfatizando la prohibición expresa de aplicar beneficios penitenciarios en delitos de feminicidio.
Actualmente, el MINJUSDH continúa acompañando a los deudos en la etapa de ejecución de sentencia. En ese marco, ha solicitado el embargo de los bienes del sentenciado para garantizar el pago de la reparación civil a favor de los familiares de las víctimas.
La decisión del máximo tribunal deja establecido que no caben beneficios ni reducciones de pena en delitos de feminicidio, marcando un precedente clave en la lucha contra la violencia extrema hacia las mujeres.
El caso se remonta al 14 de abril de 2021, cuando el sentenciado citó a su expareja y, en medio de una discusión mientras se desplazaban hacia el distrito de Yarabamba, la asesinó. El crimen ocurrió en presencia de sus dos hijas menores, a quienes posteriormente también les quitó la vida. Los cuerpos fueron abandonados en un descampado y hallados dos días después por ciudadanos que transitaban por la zona.
Desde el inicio del proceso, el defensor público de víctimas Luis Ángel Carrizales Apaza asumió la representación legal de los padres de la víctima, impulsando las acciones judiciales tanto por feminicidio como por parricidio.
En primera instancia, el Poder Judicial dictó cadena perpetua y ordenó el pago de una reparación civil. Sin embargo, en segunda instancia la pena fue reducida a 35 años tras la aplicación de control difuso, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema.
Al revisar el caso, la Sala de Derecho Constitucional y Social desaprobó dicha reducción y ordenó restituir la cadena perpetua, enfatizando la prohibición expresa de aplicar beneficios penitenciarios en delitos de feminicidio.
Actualmente, el MINJUSDH continúa acompañando a los deudos en la etapa de ejecución de sentencia. En ese marco, ha solicitado el embargo de los bienes del sentenciado para garantizar el pago de la reparación civil a favor de los familiares de las víctimas.