Defensoría del Pueblo demanda a Agrorural garantizar compra de fertilizantes en tercera convocatoria

La Defensoría del Pueblo insta al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) a tomar medidas administrativas, técnicas y de integridad en la realización de la tercera convocatoria para garantizar la transparencia, oportunidad y calidad en la adquisición de los fertilizantes, para asegurar la provisión de este insumo en la campaña agrícola 2022-2023.

 

Como se sabe, los fertilizantes nitrogenados son los fertilizantes químicos más demandados por la agricultura peruana, siendo la Federación de Rusia uno de los principales productores mundiales. Debido al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que ha llevado a este último país a restringir o suspender sus exportaciones de determinados bienes estratégicos, entre ellos la urea, se ha incrementado de forma sostenida el precio internacional de referencia de este preciado insumo.

 

De acuerdo con el Decreto de Urgencia n.° 013-2022, el Estado peruano dispuso medidas extraordinarias y urgentes, en materia económica y financiera, para facilitar y garantizar la adquisición y entrega del fertilizante nitrogenado urea a favor de los productores agrarios a nivel nacional, a fin de contrarrestar el impacto negativo de su escasez en los precios de la campaña agrícola 2022-2023.

 

No obstante, se han realizado dos convocatorias fallidas para la adquisición de insumos, que no han estado exentas de cuestionamientos de orden técnico, pero también de presuntas irregularidades que se encuentran en proceso de investigación.

 

En esa medida y a la luz de la importancia que reviste la provisión de los fertilizantes para garantizar la seguridad alimentaria del país, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de que esta tercera convocatoria se lleve a cabo sin problemas para garantizar la adquisición de este insumo.

 

Asimismo, exhorta al Ministerio de Desarrollo Agrario a adoptar las medidas pertinentes para asegurar una exhaustiva investigación, tanto a nivel administrativo como penal, de las presuntas personas responsables de las irregularidades presentadas durante la segunda convocatoria para la compra de urea, situación que pone en riesgo las condiciones habituales de las actividades agrícolas con sus consecuentes afectaciones a los medios de subsistencia y alimentación del que dependen miles de personas.