Defensoría del Pueblo solicita al INPE resolver problema de abastecimiento continúo de agua potable en penal de Piura

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura solicitó al director del Establecimiento Penitenciario de Piura y al director de la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que realicen las gestiones necesarias para adquirir las dos nuevas electrobombas que se requieren a fin de evitar problemas de abastecimiento y distribución de agua en el penal.

En efecto, tras recibir la queja de familiares de los internos por la falta de agua, personal de la sede defensorial acudió al establecimiento; no obstante, se verificó la operatividad de dos electrobombas de 12 y 2 HP respectivamente, la primera de ellas es utilizada para impulsar el agua al reservorio, con la finalidad de distribuirla a todos los pabellones y la segunda electrobomba impulsa el agua a zonas como tópico, cocina y áreas administrativas. 

También se conoció que la bomba de 12 HP estuvo inoperativa por el trascurso de 8 días, habiéndose reparado el sábado 25 de junio, produciendo nuevamente desperfectos mecánicos el día lunes 27, razón por la cual volvió a ser reparada e instalada el día martes 28 por la mañana.

Cabe indicar que, el personal defensorial ingresó aleatoriamente a algunas áreas del recinto penitenciario, como en el pabellón 4, rotonda y tópico, constatando que se contaba con el abastecimiento del agua, debido a que las electrobombas ya venían funcionando.

“La administración del penal nos ha informado que han requerido la compra de dos electro bombas a la Oficina Regional Norte del INPE para garantizar el servicio a los 3863 internos. Por eso, hemos solicitado que -con urgencia- se compren las dos bombas y así evitar futuros problemas de abastecimiento y distribución de agua”, precisó el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego.

Finalmente, la sede defensorial hará seguimiento a este caso a fin de que no se afecte el derecho a la salud, dignidad y al agua potable de las personas privadas de libertad, personal del INPE y efectivos de la Policía Nacional de Perú que brindan custodia en este recinto.