Abastecimiento de comedores populares y ollas comunes debe ser una prioridad del actual gobierno y del próximo

COMUNICADO N° 07/DP/2021

Ante la implementación de nuevas medidas restrictivas para mitigar el impacto sanitario de la segunda ola del COVID-19 en el país, la Defensoría del Pueblo demanda garantizar el funcionamiento permanente y sostenido de los comedores del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y de las ollas comunes, como principales mecanismos de apoyo alimentario para la población en situación de pobreza y pobreza extrema.

En ese sentido considera necesario expresar lo siguiente:

El Estado peruano debe adoptar acciones inmediatas (de forma individual, mediante la cooperación del sector privado o de la cooperación internacional) para garantizar el derecho a la alimentación, o combatir el hambre, como lo reconocen diversos instrumentos internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial, en aquellas familias en situación de pobreza extrema que tienen menos recursos para afrontar en un nuevo confinamiento obligatorio. Esta debe ser una prioridad del actual Gobierno y del próximo.
Estimamos oportuno el anuncio de la Presidencia del Consejo de Ministros de disponer medidas de apoyo alimentario para las ollas comunes y comedores del PCA, sin embargo, es necesario que dichas intervenciones sean implementadas de manera coordinada con los gobiernos locales, a fin que no se repitan las mismas falencias que advertimos en el 2020.
Nuestra institución realizó una supervisión defensorial en el último semestre del 2020 a 125 municipalidades a nivel nacional y 258 comedores populares de dichas jurisdicciones, advirtiendo que el 51 % de las municipalidades supervisadas registraron un incremento de usuarias/os y, de estas, el 76 % precisó que no contaban con los insumos necesarios para afrontarlo.
Sobre la adquisición y distribución de los kits de limpieza y de protección para los comedores, se advirtió que el 77.9 % de las municipalidades solo habría realizado una entrega, con cobertura para tres meses. Es decir, los comedores no contaron con suficientes implementos de bioseguridad para prevenir y frenar los contagios.
Otro aspecto importante de mencionar es la tardía ejecución presupuestal de parte de los gobiernos locales, al 10 de diciembre de 2020, las 125 municipalidades supervisadas tenían en promedio 74.7 % de nivel de ejecución del presupuesto asignado para comprar los productos para los comedores del PCA, lo que no ha permitido la reactivación de la totalidad de estas organizaciones, a pesar de la apremiante necesidad de los hogares vulnerables a los cuales asiste.
Es apremiante que el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social garantice la asignación del presupuesto a los gobiernos locales a cargo de la implementación de los comedores del PCA, acorde al incremento de necesidades y personas usuarias que se ha reportado a raíz de la pandemia del COVID-19. Asimismo, debe brindarles asistencia técnica y acompañamiento para asegurar la compra de los productos nutritivos que deben ser distribuidos de manera inmediata a los comedores para garantizar su funcionamiento sostenido e ininterrumpido.
También se requiere dotar de presupuesto adicional a los gobiernos locales para la adquisición de los kits de limpieza y protección para los comedores y evitar que se conviertan en espacios de propagación del virus.
En relación a las ollas comunes, es conveniente acotar que esta iniciativa comunitaria afronta mayores limitaciones que los comedores. Las ollas comunes hasta la fecha no cuentan con un reconocimiento legal, como espacios de alimentación para la población más vulnerable, dejando inadvertido que las ollas surgieron como una respuesta comunitaria para afrontar el hambre en las zonas más pobres, afectadas por la pandemia, donde inclusive los comedores populares u otros programas sociales no tienen alcance. Al respecto, el Poder Ejecutivo debe tomar medidas al respecto para que estas organizaciones estén plenamente identificadas y acompañadas por el sector público y privado.
Las ollas comunes han venido funcionando, principalmente, con apoyo del sector privado y, recién a partir de octubre de 2020, algunas de ellas han recibido la asistencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, no obstante, dicha ayuda ha sido excepcional y temporal, lo cual no les permite funcionar de manera sostenida.
Esta situación se agrava por cuanto el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social no cuenta con data sobre el número de ollas en todo el país debido a la carencia de un registro oficial. Asimismo, esta iniciativa comunitaria no ha sido tomada en consideración en el Programa Hambre Cero, recientemente aprobado por dicho ministerio.
No obstante, conforme a la información recabada por la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la que participa la Defensoría del Pueblo, solo en Lima y el Callao existen 1068 ollas comunes que asisten a un promedio de 117 987 personas, las cuales no cuentan con condiciones básicas para operar adecuadamente.
En ese contexto, resulta indispensable designar al Ministerio de Desarrollo Social, ente rector de las políticas de desarrollo e inclusión social, como la entidad del Gobierno nacional responsable de liderar el registro, gestión y monitoreo de las ollas comunes, en coordinación con los gobiernos locales.
Con urgencia se debe garantizar la atención continua a las ollas comunes, con productos alimenticios y la dotación de kits de limpieza y protección para prevenir la propagación del COVID- 19.
Por último, en aras de contribuir al monitoreo del avance en la reactivación y fortalecimiento de los comedores en todo el país y del funcionamiento de las ollas comunes, es importante la implementación de una sala situacional que cuente con información sobre cómo se viene asistiendo a estos servicios de alimentación para las familias más vulnerables ante esta crisis sanitaria, social y económica. Asimismo, resulta oportuno se identifique la ubicación de los comedores y ollas comunes, a través de la georeferenciación, lo cual permitirá focalizar de mejor manera el apoyo estatal o de fuente privada que puedan recibir.
El rol de las municipalidades es clave en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la anemia, por lo que deben asumir el compromiso de efectuar la compra oportuna y distribución de los productos a los comedores del PCA, procurar la entrega de kits de protección y seguridad y proveerlos de agua segura, así como registrar a las ollas comunes de sus jurisdicciones, a fin de propiciar la entrega de productos alimentarios, implementos de bioseguridad, agua apta para el consumo humano y enseres, en alianza con el sector público y privado. Ello garantizando la transparencia y vigilancia ciudadana.

La Defensoría del Pueblo, como organismo constitucionalmente autónomo encargado de la defensa los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la comunidad, y desde su rol de colaborador crítico del Estado, exige al Gobierno nacional la oportuna asistencia a los hogares más pobres y vulnerables, quienes no cuentan con los recursos para cubrir sus necesidades más básicas, como la alimentación, en especial en este contexto de pandemia.