Entes reguladores de América se comprometen a promover soluciones alternativas para la provisión de servicios de saneamiento en zonas periurbanas y rurales

Nota de Prensa
Suscribieron Declaración de Cartagena en XIX Asamblea de Aderasa. Acuerdo también señala la promoción de inversiones asociadas a la gestión de riesgos e infraestructura verde.

21 de octubre de 2019 - 12:14 p. m.

Con la finalidad de impulsar la eficacia y eficiencia en los procesos de regulación de los servicios de saneamiento, los jefes de los entes reguladores de 18 países de América y un país de la península ibérica reafirmaron su compromiso de contribuir al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, tomando acciones para asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

En ese sentido, se suscribió la Declaración de Cartagena durante la XIX Asamblea de la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (Aderesa) que se llevó a cabo el 18 de octubre en el marco del XII Foro Iberoamericano de Regulación, en Colombia, donde participó el presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Iván Lucich Larrauri.

Entre otras cosas, los países miembros de Aderasa se comprometieron a adoptar soluciones alternativas que permitan el acceso universal al aprovisionamiento de agua y saneamiento en las zonas periurbanas y rurales de América Latina y el Caribe, donde habitan las poblaciones más vulnerables, considerando soluciones técnicas y mecanismos de financiación que respondan a las particularidades de estas poblaciones y preserven las condiciones de cobertura, calidad y continuidad, incluso cuando los servicios se presten en condicionales diferenciales.

En el caso del Perú, el 25 % de la población de zonas rurales no tienen acceso a los servicios de agua potable, mientras que en Lima hay más de 320 mil personas sin acceso.

“Las poblaciones que no están conectadas a la red pública, por lo general, pagan más por acceder al agua que aquellas que sí lo están, es por ello que los estados, además de preocuparse por la infraestructura, deben preocuparse porque estas poblaciones paguen un precio justo, a través de una regulación que proteja a las poblaciones de menores ingresos”, declaró Iván Lucich.

La Declaración de Cartagena también señala que incentivarán la incorporación de la digitalización y el desarrollo tecnológico en el sector de agua potable y saneamiento para mejorar la calidad en la prestación de dichos servicios, a través de una gestión inteligente del recurso hídrico por parte de las empresas prestadoras de América Latina y el Caribe.

Asimismo, promoverán la regionalización, aglomeración y el aprovechamiento de economías de escala en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, en aquellos casos en que estas opciones representen la estructura de prestación que mejora el desempeño de las empresas y su eficiencia técnica y financiera.

De igual forma, desarrollarán estrategias para reducir las barreras que enfrentan las empresas prestadoras de los servicios públicos a la hora de acceder a créditos en los mercados financieros o a instrumentos en el mercado de capitales para el desarrollo, modernización y tecnificación de los servicios.

También se menciona reconocer el incremento del riesgo de desabastecimiento en las cuencas, asociado a las consecuencias del cambio climático y al acelerado crecimiento demográfico, y promover las inversiones asociadas a la gestión del riesgo y al desarrollo de la infraestructura verde, como complemento de la infraestructura gris, que respondan a criterios de costo eficiencia, y que protejan la oferta del recurso hídrico en el tiempo.

El acuerdo señala que se reemplazará la visión tradicional de la economía lineal por el enfoque de economía circular del agua desde una perspectiva de resiliencia urbana, de manera que se transcurra hacia la gestión integral de las aguas urbanas vertidas a los cuerpos de agua, que evite al máximo el desperdicio y prefiera el reúso del agua tratada para distintos fines.

Finalmente, se responsabilizaron a contribuir al rediseño de esquemas de subsidios más eficientes para los servicios de agua potable y saneamiento, usando para ello nuevos conocimientos y tecnologías que consideren la valoración económica y social del servicio y la capacidad de pago de los usuarios, de modo que no se amenace la sostenibilidad del servicio en una población que crece aceleradamente y se garantice la asequibilidad a los mismos, todo esto en el marco del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento.