Poder Judicial condenó a exfuncionarios de la Municipalidad de Supe por usurpar funciones de la Sunass

Nota de Prensa
Exfuncionarios recibieron pena privativa de la libertad por 4 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un año y seis meses.

8 de enero de 2020 - 7:53 a. m.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Barranca condenó, en primera instancia, a cuatro exregidores de la Municipalidad Distrital de Supe por ser coautores de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad en agravio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y de la empresa de agua Semapa Barranca S. A., estableciéndose así la primera condena de este tipo dictada por el Poder Judicial.

Según la sentencia, el 6 de setiembre de 2013 los exfuncionarios condenados votaron a favor del acuerdo del Concejo de la Municipalidad Distrital de Supe, con el cual la comuna asumió la administración temporal de Semapa Barranca S. A., estableció una tarifa por los servicios de agua potable y alcantarillado y dispuso que dicho pago se realice en la sede municipal y no en la empresa prestadora del servicio.

El fallo señala que el mencionado acuerdo del Concejo, adoptado por los exregidores condenados, configuró un abuso de autoridad por tomar la administración temporal de las redes de Semapa Barranca S. A. y disponer que los pagos por los servicios de saneamiento se hagan a la municipalidad y no a la empresa de agua, sin un marco legal que los ampare.

Asimismo, la sentencia indica que se cometió delito de usurpación de funciones por disponer el precio de los servicios de agua y alcantarillado cuando la Sunass es la única entidad competente para determinar las tarifas por los servicios de saneamiento que brindan las empresas prestadoras a nivel nacional, cautelando los intereses de los usuarios.

Los exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Supe recibieron 4 años de pena privativa de la libertad, suspendida por 3 años, y la inhabilitación por un año y seis meses para el ejercicio de cualquier cargo público. Además, deberán pagar a las entidades agraviadas una reparación civil de 20 mil soles y los costos del proceso.