Es un reconocimiento formal de la calidad demostrada por una institución o programa educativo, otorgado por el Estado, a través del órgano operador correspondiente, según el informe de evaluación externa emitido por una entidad evaluadora autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. La acreditación es temporal y su renovación implica un nuevo proceso de autoevaluación y evaluación externa.
Es obligatoria para los programas de Salud, Educación y Derecho (artículo 7 del Reglamento de la Ley n.º 28740).