30 acciones destacadas realizadas por la Procuraduría General del Estado a 6 meses del inicio de sus funciones

Nota de Prensa

Fotos: Procuraduría General del Estado

Procuraduría General del Estado

3 de agosto de 2020 - 12:00 p. m.

Desde la designación del Procurador General del Estado, el 3 de febrero del 2020, y el inicio del ejercicio de las funciones del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, empezó el proceso de implementación de esta nueva entidad pública, el cual continúa hasta la fecha a pesar del estado de emergencia nacional declarado en el país desde el 15 de marzo del 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19.

No obstante el periodo de cuarentena a nivel nacional decretado por el gobierno, que motivó la paralización total de las actividades presenciales, la Procuraduría General del Estado y las procuradurías públicas continuaron laborando en base a las medidas sanitarias y de seguridad dispuestas por las instancias correspondientes, sobre todo en el marco de la implementación de procesos digitales y el trabajo remoto, en aras de salvaguardar los intereses del Estado y la salud de los servidores y servidoras públicos.

En ese sentido, habiendo transcurrido seis meses desde el inicio de las operaciones de la Procuraduría General del Estado, como una medida de transparencia y rendición de cuentas corresponde detallar las acciones más importantes llevadas a cabo en cumplimiento de la normatividad que regula el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado:

1. El 6 de marzo el Procurador General del Estado participó en el II Periodo Ordinario de Sesiones de la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías de Estado (ALAP) - Asamblea General, organización internacional de la cual la Procuraduría General del Estado peruano forma parte. En dicho evento, el Procurador General del Estado tuvo su primera presentación ante las autoridades máximas de las Abogacías y Procuradurías de los Estados de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. Asimismo, se revisaron varios asuntos en agenda de la ALAP.

Por otro lado, en el marco de la pandemia, en conjunto con otros países miembros de la ALAP, se elaboró un primer informe para expresar a las instituciones arbitrales las preocupaciones sobre las consecuencias que podrían generar en los arbitrajes internacionales las medidas adoptadas en razón al Covid-19. Actualmente, se ha trabajado en el segundo informe sobre buenas prácticas y desafíos en el arbitraje internacional, que está en una etapa de aprobación.

2. A través de la mesa de partes virtual de la Procuraduría General del Estado, desde el 3 de febrero hasta el 3 de agosto del presente año, se recibieron más de 1000 documentos, entre consultas, solicitudes de pericias, requerimientos de información y otros, remitidos por los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, entidades públicas y por la ciudadanía en general.

3. Se impulsó la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley N° 30137, “Ley que establece los criterios de priorización para la atención de pago de sentencias judiciales”, el mismo que fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 003-2020-JUS y publicado en el Diario Oficial El Peruano el pasado 1 de abril del 2020. Dicho reglamento desarrolla los procedimientos y la metodología para la aplicación de los criterios de priorización y las condiciones preferentes incorporadas por la Ley N° 30841, para la atención del pago a los acreedores del Estado que cuenten con sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, con cargo al presupuesto institucional de la entidad donde se genera el adeudo.

4. En el marco de la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNGASS2021), que se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos de América, del 26 al 28 de abril del 2021, para la cual el Perú ha sido designado como co-facilitador, rol que compartirá con los Emiratos Árabes Unidos, quien actualmente tiene el cargo de Presidente; desde la Procuraduría General del Estado se han realizado precisiones al artículo 35º y al numeral b) del artículo 53º de la Convención “Indemnización y resarcimiento por daños y perjuicios” y “Medidas para la recuperación directa de bienes”, respectivamente, con los aportes y comentarios al primer proyecto de Declaración Política, efectuados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio y la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht.

5. A partir de la publicación del Decreto Supremo N° 091-2020-PCM, el pasado 21 de mayo del 2020, mediante el cual se aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019-PCM, que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público, se efectuaron las coordinaciones necesarias con la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de contribuir en la elaboración de los lineamientos para la declaración jurada de intereses de árbitros e instituciones arbitrales. De la misma manera, se viene haciendo un mapeo a los procuradores públicos a efectos de establecer si han cumplido con su declaración jurada de intereses y sus declaraciones juradas de bienes y rentas.

6. Se llevaron a cabo, a través de plataformas virtuales, un total de cinco capacitaciones referidas al uso del Sistema Único de Administración de Expedientes de las Procuradurías Públicas del Estado Peruano - SAEP, sistema que se encuentra en etapa de implementación y desarrollo, con el objetivo de unificar, centralizar y administrar los legajos y/o expedientes de los procesos judiciales y arbitrales en trámite. Dichas capacitaciones se realizaron a las siguientes procuradurías públicas:

  • Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas
  • Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo
  • Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Orden Publico
  • Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Tumbes
  • Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa

7. Se elaboraron protocolos sobre medidas de prevención, control, seguridad sanitaria y organización dirigidos al personal de la Procuraduría General del Estado y a las procuradurías públicas a nivel nacional con el objetivo de reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al Covid-19 en el marco del retorno progresivo a las actividades presenciales dispuestas por el Poder Ejecutivo.

8. Se mantuvo comunicación constante con las procuradurías públicas a nivel nacional remitiéndoles información sobre las normas legales y resoluciones administrativas relacionadas al Sistema de Defensa Jurídica del Estado emitidas por el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo desde la declaración del estado de emergencia nacional.

9. Mediante un comunicado oficial de la Procuraduría General del Estado, se dispuso que las procuradurías públicas a nivel nacional prioricen el inicio de acciones judiciales cuando tomen conocimiento de cualquier hecho referido al mal uso de recursos del Estado destinados a contrarrestar los efectos del Covid-19.

Adicionalmente, mediante dos comunicados oficiales de la Procuraduría General del Estado, se instó a las procuradurías públicas a nivel nacional a la actuación frente a los procesos arbitrales en los que el Estado es parte, debiendo evaluar sobre cada caso en particular toda aquella actuación que resultaría beneficiosa para los intereses del Estado. Asimismo, ante la reanudación de actividades de manera virtual por parte de algunos centros de arbitraje, se comunicó a las procuradurías públicas que de no ser posible someterse al arbitraje virtual, deberán hacer conocer dicha imposibilidad a la entidad a la que se encuentran adscritos, así como al tribunal arbitral y centro de arbitraje respectivo; ello sin perjuicio de realizar las coordinaciones pertinentes con la instancia correspondiente de su

entidad para la implementación logística que se requiera a fin de intervenir en los procesos a distancia.

10. Se llevó a cabo una reunión virtual con los procuradores públicos del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia del Consejo de Ministros, Instituto Nacional Penitenciario y el Procurador Público Especializado Supranacional, con la finalidad de coordinar los temas relacionados a las solicitudes de habeas corpus interpuestas por una gran cantidad de reclusos ante los órganos jurisdiccionales en el marco de la emergencia nacional por el Covid-19, lográndose establecer uniformidad de criterios en las contestaciones que dirigen los procuradores públicos al órgano jurisdiccional y ordenar así la intervención de la defensa jurídica del Estado en este tipo de acciones, respetando la autonomía funcional de los procuradores públicos.

11. Ante la suspensión de los plazos procesales dispuesta como consecuencia del estado de emergencia nacional, se solicitó al Presidente del Poder Judicial y a la Fiscal de la Nación priorizar el trámite de los procesos penales o casos emblemáticos por delitos graves en agravio del Estado a cargo de las procuradurías públicas especializadas y Procuraduría Pública Ad Hoc para el Caso Odebrecht. Asimismo, se puso en su conocimiento las dificultades más recurrentes que se han identificado en determinados casos emblemáticos.

12. El 22 de junio se desarrolló, en conjunta organización con el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA), el primer evento virtual de la Procuraduría General del Estado, que tuvo como tema principal “Los arbitrajes virtuales en el ámbito del Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, donde se contó con la participación del Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján; el Secretario General (e) del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, Martín Mijichich Loli; y expositores reconocidos del IPA. El evento logró reunir a más de 650 asistentes, entre procuradores públicos y personal de las procuradurías públicas a nivel nacional.

13. A fin de optimizar las comunicaciones con las procuradurías públicas a nivel nacional, se actualizaron los directorios de las procuradurías sectoriales, especializadas y de los gobiernos regionales. Actualmente, se viene trabajando para obtener información de las procuradurías de los gobiernos locales, provinciales y distritales.

14. Se orientaron acciones para agilizar la elaboración de los principales documentos de gestión necesarios para la implementación de la Procuraduría General del Estado, aprobándose el Reglamento Interno del Consejo Directivo, documento que norma el funcionamiento y los procedimientos de actuación del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, órgano de mayor jerarquía de la institución; el mismo que se encuentra conformado por el Procurador General del Estado, una representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y un representante de la Contraloría General de la República. A la fecha, el mencionado Consejo Directivo ha realizado una sesión ordinaria y siete sesiones extraordinarias, de las cuales seis han sido desarrolladas virtualmente.

15. Se vienen diseñando diferentes lineamientos y directivas para la implementación de la Justicia Digital, gestionando el fortalecimiento, el acceso y la inclusión de tecnologías informáticas y de comunicación a nivel de los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, fomentando la seguridad, transparencia, protección de datos, entre otros. Para ello, se viene coordinando el acceso al Expediente Judicial Electrónico y la Carpeta Fiscal Electrónica.

16. Se continuó con las acciones destinadas a permitir la interoperabilidad entre el Sistema de Administración de Expedientes de Procuradurías Públicas del Estado Peruano – SAEP y el Aplicativo de Pago de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada, con lo cual se busca dinamizar los procesos de búsqueda y obtención de información dirigidos a proveer de data al Viceministerio de Hacienda de cara a la puesta en marcha de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria.

17. Se viene trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas la implementación de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria. Del mismo modo, se viene coordinando con el Ministerio del Interior la futura implementación de la Procuraduría Pública Especializada en Crimen Organizado.

18. Con el Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se gestionó la implementación del Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje – RENACE, siendo así que una primera versión ya se encuentra en funcionamiento en el portal web oficial del MINJUSDH; no obstante, desde la PGE se continúa trabajando para la mejora de la versión actual del referido registro, el mismo que deberá contener la nómina de árbitros y de centros de arbitraje a nivel nacional, así como el registro de las declaraciones juradas de intereses de los árbitros que participen en las controversias en las que es parte el Estado peruano.

19. En atención al inciso 4 del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1326, donde se establece que la Procuraduría General del Estado tiene la función de absolver consultas, formular opinión vinculante y proponer modificatorias normativas en materia de defensa jurídica del Estado, se emitieron los informes pertinentes al Despacho Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, donde se recomienda a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, la evaluación de los Proyectos de Ley N° 4965-2020/CR , N° 4970-2020/CR y N° 4986-2020/CR, que proponen modificar y derogar algunos artículos de la Ley N° 31012, Ley de Protección Policial.

20. En el marco de la nueva normativa y con el apoyo técnico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la publicación del Decreto Supremo N° 009-2020-JUS, el pasado el 14 de julio, se logró la aprobación de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado (PGE). Asimismo, mediante la publicación de la Resolución Ministerial N° 0186-2020-JUS, el pasado 16 de julio, se aprobó la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado (PGE).

21. Por otro lado, se viene viabilizando la aprobación del Manual de Clasificador de Cargos y el Cuadro de Asignación de Personal Provisional CAP de la entidad. Para tal fin, se ha generado el informe sustentatorio correspondiente exponiendo los criterios técnicos legales sobre la necesidad y dimensionamiento de personal que la PGE requiere en la etapa de inicio de operaciones.

22. Se viene trabajando en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, la reglamentación del Decreto de Urgencia N° 14-2020 y N° 16-2020. El reglamento del Decreto de Urgencia N° 14-2020 busca contribuir al control y regulación de los convenios colectivos que se celebren en el sector público, a fin de que estos sean suscritos en concordancia y coherencia con el principio de equilibrio presupuestario. Mientras que el reglamento del Decreto de Urgencia N° 16-2020 tiene como finalidad complementar y coadyuvar con las medidas de gestión y administración de los recursos humanos relativas al ingreso y permanencia del personal -cualquiera que fuese su cargo- en el sector público, a fin de obtener la mejora y optimización del servicio público.

23. Mediante resoluciones del Procurador General del Estado, publicadas en el Diario Oficial El Peruano, se designaron a 7 procuradores/as públicos/as, entre titulares y adjuntos.

  • Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa:

Titular: Jorge Ignacio Julca Ramirez - Resolución del Procurador General del Estado N° 10-2020-PGE/PG (25/2/2020).

Adjunto: Luis Enrique Navarro Merino - Resolución del Procurador General del Estado N° 11-2020-PGE/PG (25/2/2020).

  • Procuraduría Pública de la ONPE:

Titular: Jorge Delfín Morales Tello - Resolución del Procurador General del Estado N° 20-2020-PGE/PG (25/2/2020).

  • Procuraduría Pública Ad Hoc para el Caso Odebrecht:

Titular: Silvana América Carrión Ordinola - Resolución del Procurador General del Estado N° 33-2020-PGE/PG (3/7/2020).

  • Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria:

Titular: Diógenes Antonio Del Castillo Loli - Resolución del Procurador General del Estado N° 34-2020-PGE/PG (3/7/2020).

Adjunto: Luis Fernando Moreno Berrios - Resolución del Procurador General del Estado N° 35-2020-PGE/PG (3/7/2020).

  • Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:

Titular: Olivia Karinna Ríos Pozo - Resolución del Procurador General del Estado N° 36-2020-PGE/PG (3/7/2020).

24. Se viene elaborando dos instrumentos normativos, el primero sobre los lineamientos para la selección de procuradores/as públicos/as, denominado: “Lineamientos para la designación de procuradores/as públicos/as y procuradores/as públicos/as adjuntos/as nacionales, regionales, municipales y especializados/as, de manera complementaria a las disposiciones contempladas en el Decreto Legislativo N° 1326 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS”, con el objetivo de complementar, desarrollar y definir reglas claras y transparentes respecto a la designación de estos funcionarios en aquellas plazas que se encuentran vacantes a la fecha. El segundo, en relación a los lineamientos de evaluación de procuradores/as públicos/as, denominado: “Lineamientos para la evaluación de procuradores/as públicos/as y procuradores/as públicos/as adjuntos/as nacionales, regionales, municipales, especializados/as y ad hoc en ejercicio de funciones, según lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS”, con el fin de complementar, desarrollar y definir alcances relativos a las pautas y factores de evaluación en el marco de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326.

25. En relación a las acciones preventivas respecto al Programa Reactiva Perú, con el fin de cautelar los intereses patrimoniales del Estado, la Procuraduría General del Estado ha venido realizando las siguientes acciones:

  • Centralización de la información de los/as procuradores/as públicos/as y coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y COFIDE a fin de alertar sobre las empresas que no cumplan con los requisitos para que se les otorgue el crédito.
  • Verificación de la lista de empresas beneficiarias del programa con el objetivo de detectar que no estén vinculadas a investigaciones por delitos de corrupción en el caso Lava Jato.
  • Remisión de una lista de 374 empresas a nivel nacional que están investigadas por delitos de corrupción, lavado de activos y conexos en el marco de la Ley N° 30737 a COFIDE.

26. Se viene preparando un proyecto de "Protocolo de Actuación en la Gestión de Conflictos Sociales desde el Orden Público", el cual permitirá consolidar niveles y canales de coordinación óptimos entre las instituciones y actores que forman parte del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, el Poder Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú y demás sectores involucrados en el marco de los conflictos sociales.

27. Con el objetivo de fomentar la investigación jurídica y difundir las labores y actividades del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, se viene elaborando la primera edición de la Revista Jurídica de la Procuraduría General del Estado, que contará con 16 artículos que abordarán temáticas relacionadas con la defensa jurídica del Estado desde el punto de vista de académicos y profesionales nacionales y extranjeros.

28. Como entidad involucrada en un asunto del Estado peruano en el que participan las procuradurías públicas competentes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, se viene realizando acciones de seguimiento a los procesos de extradición del ex presidente Alejandro Toledo Manrique, desde los Estados Unidos de América, y del ex magistrado César Hinostroza Pariachi, desde España.

29. En coordinación con el Poder Judicial se gestionó la creación de casillas electrónicas para las procuradurías públicas con la finalidad de agilizar los procedimientos de notificación. Es así que, mediante Resolución Administrativa N° 000189-2020-CE-PJ, del 16 de julio de 2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la creación del “Registro de Casillas Electrónicas Institucionales para fines de Emplazamientos Judiciales o Citación con la Demanda (RECEI)”. Por su parte, la Procuraduría General del Estado mediante Resolución N° 39-2020-PGE/PG de la misma fecha, dispuso oficializar el uso de las casillas electrónicas institucionales a fin de notificar virtualmente a los procuradores/as públicos/as los emplazamientos de demanda, anexos y admisorios que pudieran interponerse contra el Estado. De la misma manera, mediante Resolución Administrativa N° 000231-2020-P-CSJLI-PJ, del 27 de julio de 2020, la Corte Superior de Justicia de Lima dispuso la creación del REDCEI y la incorporación de las casillas electrónicas creadas para las procuradurías públicas en este nuevo sistema de registro.

En atención a ello, el 27 de julio del presente año se llevó a cabo una ceremonia protocolar donde el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, y el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miguel Rivera Gamboa, suscribieron las resoluciones N° 39-2020-PGE/PG y N° 000231-2020-P-CSJLI-PJ, respectivamente. Ambas autoridades coincidieron en que esta iniciativa no solo evitará la propagación del COVID-19, sino que también se promoverá la celeridad y economía procesal, contribuyendo a la transformación del servicio de impartición de justicia.

30. Del mismo modo, a través de una ceremonia protocolar virtual, el 29 de julio del presente año, se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional entre la Procuraduría General del Estado y Basel Institute on Governance, que permitirá el desarrollo de programas de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado en temas de lucha contra la corrupción, lavado de activos y recuperación de activos de delitos financieros; así como el estudio de los casos de extinción de dominio de connotación nacional e internacional.