Dan prisión preventiva a policías por presunto cobro de coima a madre

En base a contundentes elementos de convicción, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este consiguió que el Poder Judicial dicte seis meses de prisión preventiva en contra de dos policías de la Comisaría de Canto Rey, denunciados por el cobro de mil soles de coima a cambio de no detener a unos padres de familia, por el presunto abandono de sus menores hijos en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La medida, obtenida en audiencia virtual el pasado 8 de agosto por la fiscal provincial Angélica Osorio Fernández, se impuso a los suboficiales Sergio Antonio Soplapuco Vilchez y Eiffel Cli Ccalla Torres, por el delito de cohecho pasivo propio en ejercicio de la función policial.

La representante del Ministerio Público presentó graves y fundados elementos de convicción de que los investigados habrían coaccionado a la ciudadana Marisol Flores Lalangui y a su conviviente, a cambio de no denunciarlos e internar a sus cuatro menores hijos en un albergue.

Entre dichos elementos figuran la pericia de homologación de voz practicada al audio grabado por la pareja de la denunciante, donde el imputado Sergio Soplopuco haría el requerimiento ilícito a la familia, mientras era transportada en el patrullero de placa de rodaje BLZ-688.

Asimismo, constan los documentos que confirman que ambos efectivos policiales se hicieron cargo de atender una denuncia de presunto abandono de menores que ingresó mediante la Línea 100 y que la aludida desmintió; el reconocimiento físico que ella hizo de ambos policías, además de los recibos bancarios que certifican que la hermana de dicha ciudadana depositó la suma requerida.

A ello se sumó que la prognosis de pena a imponerse por el delito de imputado supera los cuatro años de pena privativa de la libertad, así como una insuficiente calidad de arraigo laboral que podría ocasionar un alto riesgo de fuga u obstaculización de la acción de la justicia.

Cabe precisar que el pedido efectuado por la representante del Ministerio Público fue de nueve meses de medida restrictiva para ambos policías y para su presunto cómplice, Jesús Miguel Gamarra Sifuentes, cuya cuenta fue utilizada para la ilícita transacción.

En este último caso, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó que sea investigado bajo la medida de comparecencia restringida.

La sanción que el artículo 395-A del Código Penal establece para el delito que se les atribuye a ambos policías, oscila entre 6 y 10 años de pena privativa de la libertad.