Gobierno atiende a 200 comunidades víctimas del terrorismo con proyectos de reparación colectiva

Mediante Resolución Ministerial N° 339-2020-JUS, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) autorizó la transferencia de 20 millones de soles a gobiernos locales de 13 regiones del país para la ejecución de 200 proyectos como medida de reparación colectiva por los daños sufridos durante el periodo de violencia de mayo de 1980 a noviembre del 2000, en cumplimiento de la Ley N° 28592 del Plan Integral de Reparaciones (PIR).

 

El trabajo coordinado entre la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (SE-CMAN) del MINJUSDH y los gobiernos locales permiten garantizar la sostenibilidad de dichos proyectos, pues a los 20 millones soles del Ejecutivo se suman contrapartidas por más de 18 millones de soles de parte de las comunas, consolidando más de 38 millones destinados a la oportuna atención de las comunidades, en su mayoría del ámbito rural y en situación de pobreza extrema o pobreza.

 

Los proyectos se ejecutarán en las regiones de Ayacucho (54), Huánuco (40), San Martin (33), Cusco (19), Apurímac (13), Huancavelica (13), Junín (12), Cajamarca (7), Lima (3), Ucayali (3), Ancash (1), Pasco (1) y Puno (1). Se trata de 135 proyectos de insfraestructura para la construccion y mejora de locales comunales, 47 proyectos para implementar sistemas de riego agrícola, 7 proyectos de agua potable y saneamiento, 5 proyectos viales, 3 proyectos de infraestructura comercial, 2 proyectos de infraestructura educativa y 1 proyecto de recuperación de recursos maderables. 

 

Estos proyectos facilitarán el desarrollo comunal al movilizar economías locales, generar empleos y activar mecanismos para la organización comunitaria, el desarrollo agrícola, mejora de sistemas de comunicación, educación y saneamiento. 

 

Las reparaciones colectivas tienen como objetivo la reconstrucción de los lazos comunitarios y las capacidades de desarrollo de los colectivos afectados por la violencia terrorista; promoviendo procesos participativos para la elección democrática de los proyectos a implementar, según las afectaciones sufridas, situación actual, expectativas, conocimientos y saberes locales. A la fecha, son 3,622 comunidades y organizaciones de desplazados inscritas en el Libro II del Registro Único de Víctimas (RUV), atendidas con proyectos productivos o de infraestructura local.