Deshacinamiento penitenciario permitiría ahorrar más de S/3600 millones que podría destinarse a infraestructura penal y obras de envergadura
Nota de prensaEstrategia del MINJUSDH permitiría optimizar recursos del Estado y con dicho monto edificar más penales.
9 de abril de 2026 - 12:07 p. m.
El proceso de deshacinamiento penitenciario no solo busca garantizar condiciones dignas en los establecimientos penitenciarios, sino también representa un significativo ahorro para el Estado peruano de más de S/ 3636 millones en infraestructura carcelaria, afirmó hoy el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.
Tras el operativo inopinado de control, desarrollado esta madrugada en el centro penitenciario de Tumbes, donde existe una sobrepoblación de cinco veces más sobre su capacidad, el titular de Justicia detalló que “con ese dinero se podrían construir decenas de hospitales, escuelas, pistas, carreteras y obras de infraestructura que necesita la población más vulnerable, además de importante infraestructura carcelaria que serviría para mejorar las condiciones penitenciarias existentes, con mejor calidad, mejor mantenimiento y mejor servicio”.
Precisó que, de acuerdo con estimaciones técnicas, el costo promedio de una unidad de albergue penitenciario en el país asciende a S/ 147,000, considerando estándares mínimos de infraestructura como servicios higiénicos, espacios de trabajo, educación, salud y seguridad. Bajo este cálculo, la reducción proyectada de 24 739 unidades de albergue, producto de las medidas de deshacinamiento, permite evitar una inversión millonaria en nuevas construcciones.
Señaló que este impacto equivale a dejar de edificar aproximadamente 41 penales de 600 internos, 20 penales de mayor envergadura con capacidad para hasta 1200 internos, u 8 megapenales con capacidad para 3000 internos cada uno.
La magnitud del ahorro cobra mayor relevancia si se considera que un penal de 600 unidades de albergue demanda cerca de S/ 88.2 millones, mientras que un megapenal puede superar los S/ 441 millones, como ocurre con proyectos recientes cuya inversión incluso se ha elevado por factores adicionales como acceso, servicios básicos y licencias sociales.
Actualmente, la población penitenciaria supera los 105 mil internos, lo que evidencia la urgencia de políticas sostenibles que no dependan exclusivamente de la expansión de infraestructura, sino que apuesten por alternativas legales, medidas de reinserción y el uso eficiente de recursos públicos.
En ese sentido, el ministro reafirmó que el deshacinamiento no solo es una medida humanitaria, sino también una decisión estratégica que permite redirigir recursos a sectores prioritarios como seguridad, justicia y programas de reinserción social, beneficiando directamente a la ciudadanía.
El ministro Jiménez Borra lideró hoy un operativo en el penal de Tumbes, donde también se ha superado la capacidad de albergue y es uno de los más hacinados del norte del país, por lo que señaló que es primordial tomar acciones concretas.
En esa línea, anunció que ya se ha lanzado la convocatoria para incorporar al INPE a quinientas personas como agentes penitenciarios y personal de apoyo profesional, quienes, luego de una intensa capacitación, podrán incorporarse a la institución penitenciaria.
Precisó que, de acuerdo con estimaciones técnicas, el costo promedio de una unidad de albergue penitenciario en el país asciende a S/ 147,000, considerando estándares mínimos de infraestructura como servicios higiénicos, espacios de trabajo, educación, salud y seguridad. Bajo este cálculo, la reducción proyectada de 24 739 unidades de albergue, producto de las medidas de deshacinamiento, permite evitar una inversión millonaria en nuevas construcciones.
Señaló que este impacto equivale a dejar de edificar aproximadamente 41 penales de 600 internos, 20 penales de mayor envergadura con capacidad para hasta 1200 internos, u 8 megapenales con capacidad para 3000 internos cada uno.
La magnitud del ahorro cobra mayor relevancia si se considera que un penal de 600 unidades de albergue demanda cerca de S/ 88.2 millones, mientras que un megapenal puede superar los S/ 441 millones, como ocurre con proyectos recientes cuya inversión incluso se ha elevado por factores adicionales como acceso, servicios básicos y licencias sociales.
Actualmente, la población penitenciaria supera los 105 mil internos, lo que evidencia la urgencia de políticas sostenibles que no dependan exclusivamente de la expansión de infraestructura, sino que apuesten por alternativas legales, medidas de reinserción y el uso eficiente de recursos públicos.
En ese sentido, el ministro reafirmó que el deshacinamiento no solo es una medida humanitaria, sino también una decisión estratégica que permite redirigir recursos a sectores prioritarios como seguridad, justicia y programas de reinserción social, beneficiando directamente a la ciudadanía.
El ministro Jiménez Borra lideró hoy un operativo en el penal de Tumbes, donde también se ha superado la capacidad de albergue y es uno de los más hacinados del norte del país, por lo que señaló que es primordial tomar acciones concretas.
En esa línea, anunció que ya se ha lanzado la convocatoria para incorporar al INPE a quinientas personas como agentes penitenciarios y personal de apoyo profesional, quienes, luego de una intensa capacitación, podrán incorporarse a la institución penitenciaria.