INPE y Defensa Pública benefician a cerca de 400 internos con campaña

NOTA DE PRENSA N°482 -2018- INPE

A fin de reducir el hacinamiento en el penal de Lurigancho, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia organizaron la Tercera Campaña de Atención Legal Gratuita que benefició a cerca de 400 internos en sus procesos judiciales.

Muchos de los reclusos carecen de recursos económicos para tramitar sus solicitudes de beneficios penitenciarios.

En esta oportunidad, un total de 30 abogados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos atendieron a internos de los 23 pabellones que conforman el penal de Lurigancho, que a la fecha registra una población record de 10,329, cuando su capacidad de albergue es de 3,350 personas.

Según el presidente del INPE, Carlos Romero Rivera, esta campaña se realiza también en otros penales y es parte de la política de deshacinamiento que se está aplicando en los 69 penales del país.

En ese sentido, agradeció a César Cárdenas Lizarbe, Director General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia por la presencia de su personal que asesoró a los internos quienes previamente fueron seleccionados por el INPE siguiendo algunos requisitos predeterminados.

Para calificar como beneficiarios de esta campaña, los internos deben ser primarios, sentenciados, con penas no mayores a 6 años y que sean por delitos menores tales como hurto, lesiones, estafa, asistencia familiar y faltas leves.

En esta oportunidad, la campaña promovió al procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas de ejecución de condena contemplado en el Decreto Legislativo N°1300.

Gracias a esta ley, los internos pueden egresar de los penales por mandato del juez para que accedan a medidas alternativas tales como: prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres.

Con esta campaña de asesoramiento gratuito, las autoridades del INPE y el Minjus esperan que en un plazo breve los 383 internos salgan de los penales y cumplan el resto de sus condenas en libertad.

De esta manera, las condiciones que sufre la población penal por la sobrepoblación se reduzcan considerablemente, mejorando así la seguridad y el tratamiento penitenciario en los penales del país.