Defensoría del Pueblo: municipios deben garantizar implementación de mesas de partes virtuales en Cajamarca

Nota de Prensa
Medida evitará aglomeración de personas que puedan conllevar a la propagación del COVID-19.

Fotos: Defensoría del Pueblo

14 de agosto de 2020 - 8:05 p. m.

Nota de Prensa N° 751/OCII/DP/2020

Como resultado de un requerimiento de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, 11 municipalidades provinciales y una distrital de la región han implementado mesas de partes digitales para los diversos trámites de la ciudadanía, así como para la recepción de documentos de las entidades públicas, con la finalidad de evitar la aglomeración de las personas que puedan conllevar a la propagación del COVID-19.

Cabe indicar que n mayo, al término de una supervisión, la oficina defensorial advirtió que los gobiernos locales no habían implementado mesas de partes virtuales o digitales y tampoco contaban con directivas internas que regulen el uso de dichas plataformas desde la recepción de un documento hasta la emisión de la respuesta respectiva.

En esa oportunidad, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, Agustín Moreno, requirió la implementación de algún canal remoto a través del cual la ciudadanía pueda realizar trámites y las entidades públicas, hacer llegar sus diferentes pedidos en mérito al principio de colaboración interinstitucional, especialmente si se trata de entidades que tienen funciones supervisoras como la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General de la República, entre otras.

Las municipalidades provinciales que ya han cumplido con implementar su mesa de partes digital son las pertenecientes a las provincias de Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Bambamarca, San Miguel, Contumazá, San Marcos y San Pablo, faltando Cutervo, Chota y Santa Cruz. A nivel distrital solo atendió la solicitud defensorial la comuna de Baños del Inca.

Para la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca resulta fundamental garantizar el derecho de petición de la ciudadanía, a través de mecanismos seguros que puedan prevenir la propagación del COVID-19, de tal manera que los ciudadanos tengan acceso a los servicios municipales sin poner en riesgo su salud.