Sala Penal Especial emite condena de exfuncionarios del Ministerio Público de Ucayali

La Sala Penal Especial del Colegiado Superior de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, integrada por los magistrados Federik Randolp Rivera Berrospi, Jonatan Basagoitia Cárdenas director de debate y Jorge Leonardo Chipana Díaz, emitió un adelanto de fallo mediante el cual condenó a Rubén Reátegui Pérez por los delitos de peculado doloso por apropiación en provecho de tercero y negociación incompatible, imponiéndole 11 años y 4 meses de pena privativa de libertad efectiva, 11 años y 4 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, 563 días multa equivalentes a S/ 28,572.25 y el pago de S/ 10000 por concepto de reparación civil, además de la devolución solidaria de S/ 6084 por daño patrimonial.

En el mismo proceso, la Sala absolvió a Salomón Macedo Rivera del delito de cohecho activo específico, disponiendo el levantamiento de todas las medidas coercitivas y reales dictadas en su contra. Asimismo, absolvió a Jinna Priscila Panduro Hidalgo del delito de cohecho activo específico en calidad de cómplice primaria, quedando sin efecto las medidas impuestas por ese extremo de la acusación.

Asimismo, Diana Dávila Hidalgo fue condenada a 10 años y 4 meses de prisión efectiva por los delitos de peculado doloso y negociación incompatible, además de inhabilitación, multa y reparación civil. Por su parte, Daniel Tello Farfán fue condenado a 5 años de prisión efectiva por el delito de cohecho activo específico, mientras que Jinna Priscila Panduro Hidalgo recibió una condena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva por el delito de tráfico de influencias simuladas.

Finalmente, el colegiado dispuso la ejecución provisional de las penas en caso la sentencia no sea apelada. En caso de impugnación, los sentenciados deberán cumplir reglas de conducta como registrar su firma mensualmente, permanecer en su lugar de residencia y acudir a todos los llamados de la justicia mientras continúe el proceso.

Hechos investigados

Según la tesis fiscal, en 2019 el entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, Luis Alberto Jara Ramírez, habría liderado una presunta organización criminal dedicada a solicitar dinero a cambio de gestionar puestos de trabajo en el Ministerio Público de Ucayali. Para ello, contaba con el apoyo de su asistente, Jinna Priscila Panduro Hidalgo, quien captaba a los interesados y coordinaba la entrega de los pagos.

En ese contexto, Panduro Hidalgo ofreció a Lucas Angello Valera Rodríguez la posibilidad de ingresar a laborar en el Ministerio Público a cambio de un “donativo” de S/ 5,000. Tras negociar un adelanto de S/ 1,500, el postulante realizó un depósito en la cuenta bancaria de la asistente el 7 de noviembre de 2019, hecho que fue acreditado mediante conversaciones de WhatsApp y un voucher bancario presentado durante el juicio.

Posteriormente, Panduro Hidalgo coordinó con Jara Ramírez la contratación de Valera Rodríguez, quien envió su currículum vitae. Meses después, el Ministerio Público emitió un oficio recomendando su contratación como asistente administrativo. Dicho documento fue hallado durante el allanamiento a la vivienda de Panduro Hidalgo y presentado como prueba de la presunta influencia ejercida para favorecer el ingreso del postulante a la institución.