Veinticinco ciudadanas fueron acreditadas como orientadoras judiciales en Piura

Con el objetivo de acercar los servicios de justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, se realizó la ceremonia de juramentación y acreditación de 25 orientadoras judiciales que desarrollarán labores de orientación y acompañamiento en diferentes sectores de la región.

La actividad fue presidida por el titular de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro, quien tomó juramento a las ciudadanas acreditadas y destacó la importancia de su participación como enlace entre la ciudadanía y las instituciones del sistema de justicia.

La jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, quien dio las palabras finales, agradeció el compromiso de las asistentes, invitándolas a participar en las actividades que organiza la Corte Superior de Justicia de Piura a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Durante la ceremonia, que también contó la participación de la magistrada Karen Agurto Moscol, las orientadoras judiciales recibieron sus credenciales y distintivos oficiales que las identificarán en el ejercicio de sus funciones, además del reglamento de la Orientadora Judicial, la Guía de la Orientadora Judicial y Manuales de Autoaprendizaje para el Acceso a la Justicia así como el cuaderno de atención y reporte, entre otros.

Las ciudadanas acreditadas ejercerán esta labor por un periodo de dos años y recibirán el acompañamiento y seguimiento de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, contribuyendo a la difusión de derechos y al fortalecimiento de una justicia más cercana a la comunidad. En esta ocasión, fue Silvia Marina Aguirre Aguilar, quien agradeció en representación de las participantes por la oportunidad que la Corte de Piura les brinda de poder servir a su comunidad.

Cabe resaltar que esta iniciativa es impulsada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, con la finalidad de contribuir a la eliminación de barreras que dificultan el acceso a los servicios judiciales, especialmente en los sectores más vulnerables.