Juzgado de Extinción de Dominio conmemora siete años de creación
Nota de prensa
Fotos: Corte Superior de Justicia de Piura
11 de mayo de 2026 - 6:30 a. m.
El Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Piura conmemoró su séptimo aniversario con una ceremonia protocolar que reafirmó su compromiso con la justicia y la sociedad. El evento contó con la participación de autoridades del Distrito Judicial, así como personal jurisdiccional y administrativo de la institución.
La jornada se inició con una paraliturgia en la sede del Juzgado, seguida de la visita protocolar del presidente de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro, donde intervino la jueza encargada de esta dependencia judicial, Esthela Vanessa Alva Pantaleón.
El Juzgado de Extinción de Dominio fue creado un 10 de mayo de 2019, a través de la Resolución Administrativa N° 122-2019-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Desde esa fecha, el juzgado ha trabajado con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y garantizar una administración de justicia eficiente y oportuna en los procesos de extinción de dominio.
El Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio tiene como misión declarar a favor del Estado la titularidad de patrimonios obtenidos o utilizados de forma ilícita. Este proceso se rige por un marco normativo, encabezado por el Decreto Legislativo N° 1373 y su reglamento (Decreto Supremo N° 007-2019-JUS). Cabe precisar que dicha normativa fue actualizada recientemente mediante la Ley N° 32326, promulgada en mayo de 2025, con el fin de optimizar los alcances sobre actividades ilícitas y los plazos procesales.
Finalmente, esta labor se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano —a través de las convenciones de Viena (1988), Palermo (2000), Mérida (2003) y Estrasburgo (1990), orientados a combatir flagelos transnacionales. Mediante esta figura jurídica, y bajo el respeto estricto al debido proceso, la autoridad jurisdiccional permite trasladar a la esfera del Estado los bienes que constituyen el "patrimonio criminal" (objetos, instrumentos o ganancias ilícitas), sin que medie indemnización alguna, contribuyendo así al avance de nuestra sociedad.