N° 283-2020-CG-GCOC: Contraloría recomienda dotar de equipos biomédicos a hospitales de Abancay y Andahuaylas

Nota de Prensa
Apurímac.- En el marco del plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19, la Contraloría General recomendó adoptar medidas preventivas y correctivas...

22 de mayo de 2020 - 12:00 a. m.

Apurímac.- En el marco del plan de Control Integral a la Emergencia Sanitaria COVID-19, la Contraloría General recomendó adoptar medidas preventivas y correctivas que contribuyan a mejorar la capacidad de respuesta ante la presencia de casos con coronavirus, en los hospitales Guillermo Díaz de la Vega (Abancay) y Hugo Pesce Pescetto (Andahuaylas).

En el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, según el Informe de Orientación de Oficio N° 2975-2020-CG/GRAP-SOO, notificado al titular de la entidad el último 30 de abril, se alertó la falta de equipos biomédicos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo cual limitaría la atención oportuna y segura del servicio de salud.

Se habilitó solo dos camas UCI que cuentan con equipamiento biomédico limitado; asimismo, la UCI no cuenta con analizador de electrolitos y gases en la sangre, broncofibroscopio, ecógrafo portátil, marcapasos cardíaco temporal, glucómetro portátil y equipo calentador de fluidos, entre otros, según lo previsto en la Norma Técnica de Salud N° 110-2014-MINSA/DGIEM.

Se identificó además el presunto incumplimiento de contrato para el acondicionamiento de ambientes con drywall, destinados a la atención de pacientes con COVID-19, así como el registro de la fase devengado en el SIAF por el monto contractual de S/ 225 000, sin haber acreditado la conformidad del área usuaria. Esta situación habría regularizado la entidad mediante Oficio N° 023-2020-DADM-HRGDV-AB del 12 de mayo del 2020, dirigida al Órgano de Control Institucional (OCI).

EN ANDAHUAYLAS

En el Informe de Orientación de Oficio N° 3057-2020-CG/GRAP-SOO, notificado a la titular de la entidad el 30 de abril, se advierte que la UCI del hospital, no cuenta con los equipos biomédicos mínimos para la atención de pacientes con infección grave por COVID-19, según lo previsto en la normativa vigente.

Es así que, de las nueve camas que se habilitaron, seis están destinadas para pacientes con sintomatología complicada y tres para UCI; sin embargo, estas últimas no se encuentran disponibles con el equipamiento mínimo para su funcionamiento.

Al respecto, la entidad ha remitido el plan de acción, el mismo que ya se encontraría en proceso de implementación, según el OCI.

A NIVEL NACIONAL

Durante el período del operativo, que fue del 21 a 24 de abril, se visitaron 97 establecimientos de salud, los cuales están adscritos al Ministerio de Salud (14), EsSalud (32), Fuerzas Armadas (3), Policía Nacional (2) y Gobiernos Regionales (46). Para cada hospital se emitieron los respectivos informes de control y en ellos se pudo evidenciar que:

La emergencia sanitaria ha provocado una reducción de casi 30% en la capacidad de profesionales de la salud en los establecimientos de salud visitados, es decir que, en promedio, atienden con el 74% de sus médicos, así como el 76% de sus enfermeras (os) y el 72% de sus técnicos (as).

Durante el operativo, los auditores contabilizaron un total de 656 camas en las UCI para pacientes con COVID-19, de las cuales 445 estaban ocupadas. Además se comprobó la existencia de 632 ventiladores mecánicos operativos, de los cuales 453 estaban ocupados.

Tomando en cuenta estas cifras, existen 211 camas UCI COVID libres a la fecha de la visita y 179 ventiladores mecánicos libres, por lo que hay un déficit de 32 ventiladores mecánicos para cubrir la totalidad de camas UCI COVID registradas en el operativo.

Sin embargo, también se detectó que 80 ventiladores mecánicos estaban inoperativos y cincuenta (50) de ellos está en hospitales adscritos a los Gobiernos Regionales.

La Contraloría General reitera que viene desplegando esfuerzos y equipos de control para cumplir no solo con su fin misional que es velar por el buen y correcto uso de los recursos públicos; sino para concretar la vigilancia preventiva, y coadyuvar a que los fondos públicos que se vienen destinando al COVID 19 se destinen correctamente.