Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

Mediante Decreto Supremo N° 007-2021-MIMP aprueban la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030.

La “Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030”,  es el marco orientador del Estado, el marco normativo que sustenta la PNMDD se basa en las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y las demás normas sectoriales vinculadas a las personas con discapacidad, así como, en el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, la Guía de Políticas Nacionales y sus modificatorias.

El diagnóstico de la PNMDD ha permitido determinar como problema público que requiere la intervención del Estado a la “Discriminación estructural hacia las personas con discapacidad”, debido a las siguientes causas: 1) limitado acceso a servicios públicos que garanticen el ejercicio de derechos, 2) prejuicios y estereotipos en la sociedad hacia las personas con discapacidad, y 3) precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad. A su vez, el problema público ocasiona los siguientes tres efectos: (i) la “Vulneración del derecho al ejercicio de la ciudadanía”, (ii) la “Vulnerabilidad económica” y (iii) la “Vulnerabilidad social” de las personas con discapacidad.

 

Considerando los retos que implica resolver el problema público y alcanzar la situación futura deseada, la Política plantea 7 objetivos prioritarios, que permitirán orientar la intervención durante los próximos 10 años: 1) fortalecer la participación política y social de personas con discapacidad, 2) garantizar la participación de las personas con discapacidad, en edad de trabajar, en actividades económicas dependientes o independientes, 3) asegurar el acceso y cobertura de servicios integrales de salud para las personas con discapacidad., 4) garantizar que las personas con discapacidad desarrollen sus competencias en igualdad de oportunidades, a través del acceso, participación, aprendizaje y culminación oportuna, a lo largo de su trayectoria educativa en los diferentes niveles y modalidades, 5) promover actitudes sociales favorables hacia las personas con discapacidad, 6) asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad, y 7) fortalecer la gestión pública en materia de discapacidad.

 

La formulación de la PNMDD fue liderada por el MIMP, a través del CONADIS, en coordinación con otros sectores del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales; así como, con los gobiernos regionales y locales, a través de sus  OREDIS y OMAPED y recoge las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones que las representan pues ha sido sometida a un proceso de consulta a nivel nacional; a través de espacios de diálogo, reuniones regionales de consulta, y foros consultivos virtuales para la presentación de aportes. Asimismo, fue prepublicada durante 30 días, periodo en el cual se realizaron (14) jornadas de difusión y (29) jornadas de recojo de aportes (una en cada región); contando con más de 1000 participantes.

Las personas con discapacidad representan aproximadamente el 10.3% de la población nacional (3 millones 209 mil 261 personas), de acuerdo al sexo, las mujeres representan el grupo mayoritario con el 56.7%, y según el rango etario, más del 40% tiene de 60 años a más. (Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda). Asimismo, en cuanto a la situación laboral, solo el 42.9% de las personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentran ocupadas, el 22.7% aún no cuentan con un seguro de salud, solo el 62.4% de las alcanzan como máximo un nivel de educación secundaria, y el 22.8% se encuentra en condición de pobreza monetaria; finalmente, se advierte que el 61% de la población peruana percibe que las personas con discapacidad son el grupo con mayor discriminación.

 
La PNMDD considera como situación futura deseada que: “Al año 2030, en el Perú, la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad se habrá reducido, permitiendo, así, que alcancen su desarrollo integral y ejerzan plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva”

 

Este cambio se verá reflejado en la evolución de los siguientes indicadores:

a.  El porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran en pobreza monetaria se reducirá del 21.6% al 19.7% 

b.  El porcentaje de personas con discapacidad que no se atendieron en un centro de salud debido a un motivo que refleja exclusión o falta de oportunidades disminuirá del 15.6% al 10.1%.

c. El porcentaje de personas con discapacidad que culmina la educación básica se incrementará de  39.93% a un 48.23 %.

d. El porcentaje de personas con discapacidad en edad de trabajar que están ocupadas se incrementa de 43.1% a 47.2%.

e.  El porcentaje de personas con discapacidad que declaran haber sentido algún tipo de discriminación se reducirá de un 16.5% al 11%.

Finalmente, la PNMDD propone el desarrollo de 09 instrumentos normativos y la provisión de 31 servicios. 

En lo que respecta a los servicios, 17 corresponden a servicios existentes que se propone fortalecer, ampliando su cobertura o estableciendo determinados estándares de calidad; y 14 servicios nuevos que están vinculados principalmente con promover el ejercicio de la autonomía y vida independiente, la atención a las familias y eliminación de barreras del entorno y actitudinales.

Y, en lo concerniente a las propuestas normativas, se encuentran orientadas a promover la participación política, orientar el desarrollo de procesos de consulta para las personas con discapacidad, generar un sistema de protección para este grupo, establecer un marco regulatorio que proteja a las familias, asegurar que los programas sociales se implementen con perspectiva de discapacidad, establecer criterios técnicos para lograr la accesibilidad en las comunicaciones y promover una gestión de riesgo de desastres inclusiva. 

Cabe señalar que las entidades del Estado responsables de los objetivos prioritarios, lineamientos y servicios de la PNMDD, están a cargo de la implementación de la misma, conforme a su funciones y competencias, a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). El MIMP, como ente rector en la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores, conduce la implementación de la PNMDD, para lo cual establecerá un mecanismo de coordinación multisectorial y un Plan de Trabajo para cumplir los hitos propuestos por cada sector.

 

Asimismo, el MIMP tiene a su cargo el seguimiento y evaluación de la PNMDD, de conformidad con las pautas metodológicas de CEPLAN en la materia. Para tal efecto, las entidades del Estado responsables del cumplimiento de los objetivos prioritarios y servicios de la PNMDD deben brindar oportunamente información al MIMP cuando lo requiera.